De pronto hubo un aire enrarecido a consecuencia del paro médico y el apocalipsis al que apostaba. De pronto cambió el tablero, y a repensar se dijo. Una vez más la ciudadanía no alcanzará a saber ni comprender el trasfondo real de este episodio, pero igual habrá tomado posición de un lado o del otro (a veces hasta con radicalismo), y entonces habrá incidido en el curso de los hechos y sus derivaciones.
“Quiero aprovechar más bien para repetir el llamamiento que tantas veces he hecho a mi querido pueblo a que aprenda a leer periódicos, a oír radio, a ver televisión; no todo lo que se ve en los medios de comunicación social es verdad, hay mucha mentira, hay que tener una conciencia crítica para no ser juguete de quienes manosean con tanta falta de respeto la opinión pública”. Las palabras son de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, mártir salvadoreño por la causa de la verdad, quien ya en 1980 (antes del internet y las redes sociales) nos alertaba con lucidez y sabiduría sobre una realidad ahora predominante.
Más allá de la causa específicamente sectorial de los médicos, es posible inferir razonablemente la intervención de intereses ajenos a ella en la lógica funcional de ganar espacio político a través de la ininteligibilidad del conflicto. Se llegó a un punto donde ya no importó el sentido del Código Penal promulgado ni las observaciones a él hechas por los involucrados; polarizándose todo en dos alineamientos: unos, con los huelguistas como expresión de oposición al Gobierno; otros, con el Código como expresión de apoyo al gobierno. Así, lo central del problema quedó relegado a un segundo plano, porque ni la conducción del conflicto por las partes intervinientes ni su desenlace cambiaron la realidad de los servicios de salud a los que la gente está condenada.
Llama la atención que un asunto legislativo de tantas implicaciones no se hubiera elaborado con mayor participación social. El Código Penal es una necesidad del país; por tanto, su promulgación debió haberse dado una vez consensuados diferentes criterios alrededor de la idea común de la utilidad de la ley en la vida de los ciudadanos. En ese sentido hay que reconocer que se desperdició una oportunidad valiosa de proveerle al país de un instrumento fundamental en su ordenamiento jurídico. Y no parece posible que se dé una nueva ocasión para hacerlo en el corto plazo.
Pero también llama la atención que el sector médico sea tan reacio a tomar responsabilidades por sus actos y sus efectos. La mala práctica y la negligencia son síntomas bastante frecuentes en hospitales, clínicas y consultorios, públicos y privados. En mi círculo familiar más cercano contabilizamos dos casos de muerte por ello. lo cual menciono aquí solamente como dato estadístico. Y saliendo apenas un poco más allá de esa proximidad personal, podría contabilizar muchas situaciones semejantes sobre las cuales nadie ha sido responsable; para no hablar de los casos absorbidos por el anonimato en la inmensidad del territorio boliviano. ¿No es necesario un nuevo Código Penal?
Justamente porque la realidad es cruda y porque la legislación es necesaria, es que debió haberse tratado este asunto con los resguardos debidos; y esa es responsabilidad del Estado en las instancias correspondientes: ministerios de las áreas respectivas, Udape, Asamblea Legislativa, etc., que no actuaron a la altura de las circunstancias.
Nadie presuma de ganador porque aquí el único perdedor, 45 días después de una huelga despiadada, es el pueblo. Con seguridad los médicos (¡y los choferes codo a codo de ellos!), fortalecidos por el desenlace, serán incapaces de autocrítica, en las postas sanitarias no habrá cambiado nada, y hasta que lleguemos a un Código Penal apropiado, pasará mucho tiempo. Pero a alguien ya le fue muy útil este trance. Y todo bien.
