En Derecho hay un dicho en el que se recuerda que “un mal arreglo es mejor que un buen juicio”, significando que siempre es mejor evitar el conflicto a tener que afrontarlo con todos los costos que pueda implicar. Tal vez esa fue la lógica cuando se firmó el primer convenio con el Colegio Médico a mediados de 2017. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.
Fue en noviembre cuando al acercarse la conclusión del debate sobre el entonces proyecto de ley del Código del Sistema Penal en la Asamblea Legislativa, la dirigencia del gremio médico encontró no solo un momento climático para instalar en la agenda de la opinión su rechazo a lo que ellos mismos habían pactado meses atrás, sino que también logró galvanizar en torno suyo el ánimo de protesta instalado con relación a las elecciones de magistrados del Órgano Judicial y a la decisión del Tribunal Constitucional sobre la repostulación del Presidente.
El tono y los medios empleados para expandir el disenso con el nuevo Código Penal y, a través de éste, con el Gobierno, permiten identificar algunos elementos que caracterizan el momento político por el que atraviesa el país: quienes más activos y movilizados se han mostrado en torno a las protestas han sido las y los jóvenes; los médicos lograron la adhesión de las clases medias urbanas, profesionales en su mayoría; el debate público se produjo en las redes sociales, produciendo espirales de silencio que poco bien le hicieron a la racionalidad de la discusión.
Una reciente encuesta realizada a jóvenes de 18 a 35 años en Santa Cruz de la Sierra evidencia que esta generación, que representa más del 40% del Padrón Electoral, ha perdido la confianza en el sistema político y los partidos, y se informan a través de Facebook y la televisión (en ese orden). Las clases medias urbanas nuevamente hicieron gala de intolerancia con las ideas diferentes a las propias, en no pocos casos con discursos racistas; evidenciando una desconexión creciente con el Gobierno y la pérdida de confianza en las políticas públicas.
El debate público, si tal cosa puede llamarse al intenso intercambio de descalificaciones, reproches e insultos que circulan en las redes sociales, está nuevamente polarizado; y quienes no se sitúan en los extremos evitan participar del mismo, lo cual implica que la sindéresis pareciera haber desaparecido y las voces más racionales no son escuchadas. La información relevante, necesaria para la formación de una opinión sustentada, circula en los medios tradicionales, pero éstos son cada vez menos relevantes.
La decisión del Presidente de abrogar los dos artículos que tenían movilizados a médicos y transportistas no ha servido para desactivar por completo el conflicto. Urge, pues, encontrar mecanismos para reactivar un diálogo democrático que dé cabida a todas las voces. Pero para ello hace falta un cambio de actitud de todas las partes en conflicto.
