El inicio de 2018 en Bolivia ha sido intenso. Para varios, esto es un presagio de que será un año de altas pulsaciones. Las visiones agoreras incluso aseguran que constituye el despuntar de una hecatombe y, por lo tanto, del nacimiento de un nuevo momento político; aunque estas visiones (en algunos casos deseos intensos) no se percatan de que Bolivia es un país signado por la conflictividad social y susceptible a la polarización. Ciertamente en diferentes momentos históricos ésta fue una cuestión que se avivó bajos distintos clivajes: sean raciales, étnicos, regionales, sociales u otros.
Ahora bien, una de las cuestiones que ya se puso sobre el tapete de la coyuntura actual es la tensión entre la legalidad y la política. La derecha opositora y sus analistas urden, una vez más, un discurso “legalista” que en el fondo esconde su solapada postura, la restauración conservadora mediante la dicotomía democracia/autoritarismo. De allí su obsesión en torno al discurso de la ley, asociándola con la democracia; por supuesto, bajo una noción que soslaya su sentido múltiple. Este discurso se reforzó a partir de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de habilitar a los actuales mandatarios a una nueva postulación para los comicios venideros de 2019.
En la estrategia de polarizar el país, la derecha opositora ha asumido el camino de tensionar el ambiente político, a fin de incrementar la conflictividad. De ese modo, una demanda meramente corporativa como la de los médicos se ha convertido en su principal arma conspirativa contra el Gobierno, sumándose a azuzar a los actores en conflicto e instalar un clima de terror entre la población, echando barro al nuevo Código Penal. Para atizar más el fuego, esa derecha opositora, quizá sin ser su conductora, forma parte de la estrategia que busca aprovechar el malestar social de los sectores urbanos con el partido gobernante. Para ello tienen la oficiosa colaboración de sus analistas no solo en los medios de comunicación convencionales, sino también en las concurridas redes sociales. De cierta manera, este intento apela a la polarización instalada en el ocaso de la década pasada, (antes de la aprobación de la nueva Carta Magna que constitucionalizó el Estado Plurinacional), que puso en vilo a Bolivia con base en la generación de confusión y exacerbación de prejuicios nefastos, aún presentes entre la población boliviana en tanto huella colonial profunda.
No obstante, las condiciones y clivajes de la actual coyuntura no son los mismos respecto a aquella coyuntura pasada. Por lo tanto, la derecha opositora se equivoca si piensa que los acontecimientos políticos de reciente data (el porcentaje del voto nulo obtenido en las elecciones judiciales, el malestar por el fallo del TCP y el conflicto médico en torno al Código Penal) son suficientes para impulsar una polarización en el país a favor de sus intereses.
Lo que hoy tiene la derecha opositora es un momento táctico para considerar; el cual convoca a una nueva polarización ciudad-campo. Por ejemplo, en Cochabamba algunos extraviados incluso invocan la repetición del fatídico 11 de enero de 2007, no sin antes lavarse las manos ante las posibles consecuencias. Con todo, no les alcanza para acuñar un momento estratégico. Los músculos y la inteligencia solo les alcanza para jugar a la insidia política, sin lograr articular su imaginación política para expresar sin reparos su verdadero horizonte de visibilidad (como diría René Zavaleta Mercado).
