El indulto a Alberto Fujimori dispuesto por el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (en nombre de la “reconciliación nacional”) en la noche de Navidad ha abierto una crisis política de dimensiones y una polarización política y social a años luz de cualquier atisbo de reconciliación. La crisis y tensión generadas han puesto de manifiesto varios problemas en este escenario convulsionado. El viernes no más marcharon contra el indulto en las calles de las principales ciudades decenas de miles de jóvenes en clima diametralmente opuesto a cualquier brisa de “reconciliación”.
Más allá de lo que cada cual piense sobre el indulto, el manejo gubernamental da cuenta de una pasmosa falta de sintonía con la real dinámica de una sociedad que se ha democratizado y en la que hay instituciones que ocupan su espacio y gente con noción de sus propios derechos. Destacan tres asuntos. Primero: un gobierno que parece no haberse dado cuenta de que en la estructura de poder institucional hay varios actores y que el Gobierno no es el único. Falta de sintonía con una realidad de pesos y contrapesos institucionales que parece no haber descubierto.
Disponer de indultos y derechos de gracia, cierto, es una facultad que la Constitución otorga al presidente, pero que en democracia no se ejerce como en los tiempos del Rey Sol, licencioso monarca absoluto. Hay regulaciones que el presidente tiene que cumplir para un indulto, y éste, a su vez, puede ser materia de revisión judicial (interna e internacional). Nada de eso parecería haber sido tomado en cuenta al disponer de un “indulto humanitario” basado no en las razones alegadas del supuesto grave deterioro en la salud del expresidente, sino en un apurado acuerdo político para salvar de la vacancia (destitución) al presidente Kuczynski.
Segundo: en pleno siglo XXI y en un Estado democrático no se puede prescindir ni atropellar los derechos de las víctimas como se ha hecho. Víctimas, además, que bregan activamente por sus derechos desde hace 25 años ocupan su sitio. Omitir este “dato” de la realidad, cuando se vive en democracia, está demostrando tener un alto costo político.
Quedaron en los 90 muchas víctimas por las masacres del gubernamental escuadrón de la muerte Colina (por las que fue condenado Fujimori). En los hechos de Barrios Altos y la universidad La Cantuta, mientras el condenado sigue sin pagar ni un centavo de la reparación civil de más de 16 millones de dólares que debe y siguen sin aparecer los cuerpos de nueve estudiantes víctimas en La Cantuta. Nunca se llevó a cabo el encuentro que buscaban con PPK desde que llegó al Gobierno en julio de 2016.
El tercer asunto en esta desconexión gubernamental con la realidad es la notoria falta de sintonía con la evolución democrática de la sociedad peruana y, en particular, con su extraordinaria interacción democrática con el mundo forjada en un país como el Perú en las últimas dos décadas.
Así, decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicación pasaron de ser ilusión académica a expresión de viva interacción entre el derecho interno y el internacional. Parecería que ahora no se ha pensado que el indulto iba a ser ineluctablemente contestado por las víctimas ante el tribunal interamericano como, en efecto, ha ocurrido ya.
Instituciones claves como el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Corte Suprema han enfatizado, lógicamente, y en sintonía con la evolución democrática, que lo que resuelva el tribunal interamericano tiene que ser acatado. En adicional discordancia conceptual, la Jefa del Gabinete ya ha insinuado que un fallo adverso al Gobierno podría ser desconocido.
Lo que está en el fondo no es, en realidad, una simple diferencia de opiniones o criterios, sino una contraposición entre dos ritmos, tiempos y lógicas conceptuales. Una que parece más bien congelada en la edad de las cavernas y las otras democráticas y abiertas al mundo, que son las que, felizmente, prevalecen en los tiempos que corren.
