Días atrás, en medio de la ola de mentiras y desinformación a propósito de los alcances de la Ley del Código del Sistema Penal, las iglesias creyeron verse afectadas por uno de los artículos de la norma, maliciosamente interpretado. Sin embargo, el verdadero problema de casi todas las agrupaciones religiosas es que no homologaron ante el Estado su personería jurídica.
En marzo de 2013 fue promulgada la Ley 351, de Otorgación de Personalidades Jurídicas. Ese año el Estado reconoció a 398 organizaciones religiosas (mejor conocidas como cultos), pero les advirtió que tenían dos años para homologar dicho reconocimiento. Cosa que no hicieron hasta que, en 2015, la Ley 665 amplió el plazo hasta el 2020.
Según datos de la Cancillería, solo 55 de las casi 400 organizaciones religiosas registradas en el país han iniciado su homologación. Los requisitos de este trámite son: una nota dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores solicitando la homologación, un documento que acredite la personalidad jurídica, el organigrama del órgano de administración, acta notariada de la última posesión del órgano de administración, y la boleta del depósito bancario correspondiente al trámite.
Después de la Iglesia Católica, que según un informe de 2016 acoge al 77% de la población del país, las denominaciones protestantes y pentecostales (comúnmente llamados cristianos) son la segunda mayoría religiosa, aproximadamente el 16% de la población. La Iglesia Católica, gracias a convenios entre el Estado boliviano y el Vaticano, no requiere hacer el trámite que aquí se comenta; mientras que todas las demás, sí.
Consultados al respecto, líderes religiosos evangélicos ofrecen diferentes explicaciones para no haber realizado el trámite. El presidente de la Asociación de Evangélicos de Bolivia dice que la ley antes nombrada tiene el defecto de que pone en la misma bolsa a las organizaciones religiosas, organizaciones espirituales, ONG, fundaciones y otras instituciones sin fines de lucro; empero, no queda claro cuál es el obstáculo.
Para el presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de La Paz, el problema está en el costo que tiene el trámite, que va desde Bs 6.786 hasta Bs 11.306. Similar opinión tiene su homólogo de El Alto, quien cuestiona que los “yatiris de la Ceja” paguen entre Bs 100 y Bs 150 por ser homologados. Pero el verdadero motivo parece ser que las iglesias temen que se haga evidente que sus normas internas son a menudo contrarias al espíritu de la Constitución Política del Estado, como bien reconoció el líder alteño.
No es un tema menor, pues además del involuntario reconocimiento de que existen prácticas discriminatorias dentro de las iglesias, está el hecho de que a través del cobro de diezmos estas organizaciones religiosas recaudan grandes sumas de dinero, lo cual explica el porqué de tanto temor al control estatal y el entusiasta apoyo de muchos de sus feligreses a toda manifestación contra el Gobierno.
