Hace mucho que la Central Obrera Boliviana (COB) no es ni la sombra de lo que fue en sus inicios o en otros momentos históricos, antes de que la doctrina neoliberal la adelgazara. Sin embargo, sus dirigentes siguen actuando como si fuese un actor relevante en el concierto político y la alejan más y más de los intereses de su base, la clase trabajadora.
En efecto, durante la última semana la COB, que en los hechos ya no representa a toda la clase trabajadora, sino únicamente a algunos sectores asalariados (magisterio, fabriles, petroleros y otros), nuevamente ha sido llevada al borde del quiebre luego de que el fin de semana pasado su secretario ejecutivo, Guido Mitma, decidiera sumar a la organización a la Coordinadora Nacional por la Defensa de las Libertades Democráticas (Conade).
Esta coalición, conformada por representantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Confederación de Docentes Universitarios de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Pastoral Social Cáritas Bolivia, la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA, la Federación de Juntas Vecinales de la zona Sur de La Paz, la Plataforma de Luchadores Sociales y el Movimiento Basta Ya, entre otros, y supuestamente encabezada por la COB, dio plazo al Gobierno hasta el martes 23 para abrogar el Código del Sistema Penal (Ley 1005) y respetar el resultado del referéndum de febrero de 2016.
Días después, en un ampliado de la organización convocado por Mitma para decidir nuevas acciones de protesta, maestros urbanos y trabajadores petroleros, entre otros, decidieron desconocer a su máximo dirigente, quien intentó cancelar la reunión denunciando injerencia del Gobierno, sin éxito, al extremo de que al día siguiente los rebeldes decidieron convocar al XVII Congreso Nacional Ordinario del ente matriz para el 19 de febrero, donde buscarán renovar el Comité Ejecutivo, con apoyo de las organizaciones afiliadas a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), afín al Gobierno.
En defensa de su posición, el todavía Secretario Ejecutivo de la COB afirma, en una entrevista que se publica hoy en nuestro suplemento Animal Político, que el nuevo Código Penal amenaza a los trabajadores y que sus bases demandan que el Presidente renuncie a su aspiración de buscar una nueva reelección en 2019. La reacción de sus detractores demuestra que esa posición no es de consenso en el órgano sindical.
La COB, que en los últimos años ha oscilado una y otra vez en su posición ante el Gobierno, afronta una nueva crisis que si bien no amenaza su existencia misma, sí reduce su influencia en el debate político, especialmente si se considera que, lejos de aportar ideas desde la clase trabajadora, adopta como propias las consignas políticas de uno y otro bando.
