Por diversas razones, muchos profesionales-docentes consideramos que, independientemente de cómo termine el conflicto médico, nada garantizará las transformaciones profundas que pedimos para el sistema de salud, porque en el fondo hay dirigencias y autoridades gubernamentales que anteponen otros objetivos. En diversas publicaciones, entrevistas y participaciones formales hicimos ver que los decretos 3091, 3092, 3385 y el Art. 205 del Código del Sistema Penal (Ley 1005) eran intrascendentes para la compleja situación del sistema de salud, cuya grave crisis la Ministra del ramo no quiso reconocer. Además, postulamos que mientras la Justicia sea corrupta, a pesar de la abrogación de las leyes y decretos cuestionados, los médicos podrán ser perseguidos, sancionados y extorsionados usando discrecionalmente otros instrumentos legales, y los verdaderamente culpables quedarán impunes.
La Asociación Boliviana de Facultades de Medicina ha planteado varias veces la necesidad de una Ley Integral de Salud que absorba la totalidad de leyes, decretos y artículos relacionado con el sector, dando fin con los conflictos; y que necesariamente debiera estar en armonía con un nuevo sistema de salud y con el seguro universal, bajo un enfoque sistémico y de complejidad.
No obstante, el frenesí con que evolucionó el movimiento médico, fortalecido por los estudiantes y las huelgas de hambre, hizo que la población se adhiriera con nuevas demandas hasta lograr la abrogación del nuevo Código Penal, dejando en último plano la trasformación del sistema de salud, que era la prioridad y que ahora queda librada al azar de un encuentro por la salud y la vida convocado por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam).
Si la aparente buena intención del Presidente se reduce a un encuentro por la salud poco técnico y politizado en el que se pretenda abarcar todo en dos días, tendremos otro desencanto más. Un evento de esa naturaleza debería limitarse a lograr un consenso nacional para impulsar la reforma profunda que necesitamos, y trazar las líneas maestras para resolver la desastrosa situación de salud que vive la mayoría de la población. Los detalles deberían ser realizados por un equipo limitado de personalidades técnicas y académicas de alto nivel, que representen a todos los sectores involucrados en el ámbito de la salud, con la autoridad y la independencia necesarias para elaborar los proyectos de interés nacional.
Para la cumbre, la Conalcam propone ocho puntos: un nuevo sistema único de salud universal y gratuita, dirección y organización del sistema de salud, fiscalización, financiamiento, formación y ejercicio profesional, un programa de Salud Familiar Comunitario Intercultural (Safci), control social y fortalecimiento de las cajas. Asimismo plantean que los participantes estén conformados en un 70% por representantes del Gobierno y organizaciones sociales y un 30% de profesionales, sin tomar en cuenta a las facultades de medicina y de la salud del país. Se podría mal pensar que esta propuesta, no oficializada, pretendería garantizar mayorías que impongan con el voto cambios que deben conseguirse por consenso. Haber logrado la abrogación de la Ley 1005 es una cosa, pero seguir postergando la reconstrucción del sistema de salud por otras demandas constituye una acción irresponsable.
El histórico movimiento iniciado por médicos y estudiantes de medicina no debe quedar truncado, desviado únicamente hacia la abrogación de la Ley 1005; debemos iniciar de inmediato la construcción participativa de un nuevo sistema de salud, un seguro universal y una Ley Integral de Salud. De lo contrario, habrá fracasado el gran objetivo de esta cruzada; y como ocurrió en otras oportunidades, superada la coyuntura, la salud seguirá como siempre hasta una próxima movilización gremial, para la que nuevamente se acudirá a las facultades de medicina.
