Diez años después de la difusión de su primera versión, cuando se convocó a un ilegal referéndum aprobatorio (cuyas consecuencias jurídicas todavía pesan sobre el gobernador Rubén Costas), el martes fue promulgado el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, tal vez el más emblemático en el contexto del modelo de autonomías establecido en la Constitución Política del Estado.
El tiempo transcurrido entre aquella primera versión, calificada por algunas autoridades del Gobierno Nacional como llena de alusiones separatistas, y la que acaba de ser aprobada, causando el repudio de uno de los ideólogos del modelo autonómico (el abogado Juan Carlos Urenda), y del expresidente del Comité Pro Santa Cruz Branko Marinkovic (quien fugó a Brasil), da cuenta de una gran transformación no solo del texto en cuestión, sino también de la práctica política de las instituciones cruceñas.
Lo dicho fue evidente en el discurso del Gobernador cruceño, cuando señaló la importancia de saber ceder, adoptando una posición política realista en lugar de seguir alentando la confrontación, que a sus ojos resultó ser estéril. Asimismo, la transformación es evidente en la conformación de la Asamblea Departamental, que hoy tiene representantes no solo de Demócratas (el oficialismo departamental) y del MAS, sino también de pueblos indígenas, lo cual marca una distancia con la pequeña élite económica y política que redactó la primera versión en 2007.
Según el Gobernador, son cuatro los motivos por los cuales el Estatuto es de importancia trascendental: primero, porque no solo enuncia las competencias exclusivas del nivel departamental, sino que además desarrolla lo que puede hacerse con ellas. Segundo, porque abre la posibilidad de demandar al nivel nacional nuevas competencias y desarrollarlas normativamente. El tercer motivo está en que establece el pacto fiscal como una de las fuentes principales de financiamiento de la autonomía y, cuarto, especifica derechos para las mujeres, pueblos indígenas y grupos vulnerables.
La década transcurrida entre aquel violento 2008 y la promulgación del Estatuto cruceño también se explica en el hecho de que el proceso de adecuación del texto a la Constitución de 2009 fue lento y tortuoso, a lo que se añade una inexplicable demora del Tribunal Constitucional en dar luz verde a la versión final del documento.
La pretensión cruceña ahora es avanzar hacia la “federalización” siquiera de la gestión económica, idea que inmediatamente ha sido rechazada por las autoridades del Órgano Ejecutivo. Sin embargo, al margen de que dicha idea sea retórica populista o un propósito sincero, la verdad es que la institucionalidad cruceña, encabezada por la Gobernación, debe abocarse a la tarea de construir su autonomía a partir de su Estatuto, pues ahí importa menos la relación con La Paz que la satisfacción de necesidades del pueblo cruceño.
