En septiembre de 2017, el Decreto de Regulación del Transporte Automotor Terrestre Interprovincial, Intermunicipal y Turístico, promulgado por la Gobernación de La Paz, vino a subsanar un reprochable vacío que imperaba en esta materia, en desmedro de los pasajeros paceños, obligados a viajar bajo las (pésimas) condiciones impuestas por los choferes.
Sin embargo, a pesar de este avance normativo, la situación no ha cambiado significativamente. Prueba de ello es lo que ocurre con el transporte entre la sede de gobierno y los Yungas. Consultados al respecto, los pasajeros habituales de esta ruta identificaron varias irregularidades que cometen los conductores y dueños de los buses y taxis que cubren este tramo.
Además de las malas condiciones que imperan en los motorizados, lo que hace que el viaje sea no solamente incómodo, sino también más peligroso, una de las principales preocupaciones de los usuarios habituales es el exceso de velocidad en el que incurren no pocos choferes, pese al rechazo de los usuarios. A ello se suma que las tarifas se suelen incrementar cuando la demanda es alta, especialmente durante los feriados y los fines de semana; así como también los malos tratos y el cobro “excesivo” de los equipajes adicionales; entre otras observaciones.
Ante esta situación de vulnerabilidad en la que los pasajeros suelen ser los más desfavorecidos, huelga insistir en la necesidad de que la promulgación de normas contemple la designación de recursos para ponerlas en práctica; de lo contrario, son solo letra muerta.
