El proceso interpuesto por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) está ingresando a una fase clave. Tras la entrega de la dúplica chilena en respuesta a la réplica boliviana presentada a principios del año pasado, resta ahora las audiencias orales, previstas desde el 19 hasta el 18 de marzo, en las que el equipo jurídico boliviano defenderá el compromiso de la nación vecina para resolver el enclaustramiento del país manifestado en reiteradas oportunidades, pero que hasta ahora no se concretó, con miras a una solución definitiva.
Huelga recordar que este proceso se inició en 2013, pero se postergó durante un año y medio por la demanda preliminar de incompetencia planteada por Chile, con la intención de frenar el juicio. Tras un pequeño proceso legal, el 24 de septiembre de 2015, los jueces de la CIJ decidieron ratificar su competencia sobre el caso, al rechazar el principal argumento de La Moneda centrado en el respeto al Tratado de 1904; pues Bolivia nunca planteó revisar ese acuerdo bilateral. Con lo que se dio inicio al juicio que estaría por concluir.
En esta etapa final sería deseable combinar una política comunicacional efectiva junto a una sagaz gestión diplomática que apunte a reforzar con los alegatos bolivianos la información que manejan los 15 jueces que estudian el caso, ya sea a través de artículos de opinión en los medios que éstos suelen consultar u otros. Pues, al final de cuentas, ellos serán los únicos que decidirán sobre la reivindicación marítima nacional.
