Los desastres que han azotado a varias ciudades en este inicio de año alertan sobre la manera descontrolada como se está urbanizando el país. El modelo de planificación territorial y de descentralización municipal aparece notablemente superado por el cambio social y territorial que ha experimentado Bolivia en este decenio.
En las últimas semanas, varias aglomeraciones urbanas se han visto severamente afectadas por inundaciones y deslizamientos. Por ejemplo, en varias zonas de la metrópoli cochabambina, Tiquipaya o Quillacollo; al igual que ciudades intermedias como Tupiza y Bermejo. A diferencia de otros años, el impacto en barrios y grandes concentraciones de viviendas ha sido de igual severo que aquel que se registraba, años atrás, en las regiones agrícolas y rurales del país.
Las autoridades han identificado como causa de la mayoría de estos desastres a los desequilibrios climáticos, pero también a la ocupación no planificada del territorio por nuevas urbanizaciones: barrios construidos irregularmente en antiguos cauces de ríos, desaparición de zonas boscosas que mitigan los deslizamientos o como consecuencia de la desaparición de defensivos y canalizaciones.
En esa misma línea, varios urbanistas y especialistas en desarrollo han venido alertando, en nuestras páginas de opinión y análisis, sobre los excesos de una urbanización desordenada en las laderas de la ciudad de La Paz, tendencia que la expone a riesgos ambientales y a una pérdida de su patrimonio ambiental y hasta estético. De igual manera es ya alarmante el rápido crecimiento de Santa Cruz de la Sierra y la oferta de nuevas urbanizaciones en aquella ciudad, algunas con propuestas sofisticadas de lagunas artificiales y otras innovaciones, en un contexto que no viene acompañado de servicios de saneamiento público eficientes con una cobertura mínima.
La crisis del agua del año pasado dejó como saldo una gran inquietud acerca de la oferta de ese recurso para ciudades en constante crecimiento, y la necesidad ineludible de que los diferentes niveles de gobierno se articulen para enfrentar este problema. Por su dimensión, tales retos requieren de un trabajo e inversiones concurrentes.
Parece evidente que los modelos e instrumentos de planificación territorial se han visto rebasados o simplemente no funcionan a la vista de este panorama. De hecho, en muchas ciudades intermedias, que han crecido rápidamente en los últimos años, estos sistemas ni siquiera existen. Y en las metrópolis no son implementados o se cambian al ritmo de la especulación inmobiliaria y no de una visión de ciudad sostenible y equilibrada.
Todo indica que el diseño de la descentralización municipal, heredado de la Ley de Participación Popular, ha sido superado por las complejas dinámicas de prestación de servicios y de inversión concurrentes que estos nuevos escenarios exigen.
