No es ya una novedad que a los procesos informativos les ha tocado el tiempo de las noticias falsas (fake news, en inglés); y consiguientemente, el tiempo de la posverdad a la opinión pública. Son varios los antecedentes globales que afianzan lo que hoy es este sentido común. Resumiendo, podemos decir que las noticias falsas han influenciado en los resultados de al menos tres procesos electorales en años pasados: el referéndum por el brexit en la Unión Europea (UE), las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y, en menor impacto probado, el plebiscito por el acuerdo de paz en Colombia. Estos tres momentos público-políticos fundaron la idea de que la generación de noticias falsas y escenarios de posverdad tienen un efecto directo en la realidad. Se suman a ellos varios actores políticos que se han referido al fenómeno: Bashar al Assad, Nicolás Maduro, altas autoridades de Rusia y, claro, Donald Trump, quien ha llegado incluso a hacer una premiación a medios por sus supuestas falsas noticias.
Ante este fenómeno, varias iniciativas han empezado a desarrollarse multisectorialmente para combatir las noticias falsas y, consecuentemente, prevenir su impacto no solo en escenarios sociopolíticos, sino también en rubros que trabajan con información y comunicación. Entre estos sectores están los medios de información que generan espacios para “educar” a nuevas generaciones. Es el caso por ejemplo de la BBC en el Reino Unido; de las plataformas digitales (Google Noticias), como experiencia de verificación; de Facebook, probando suerte con comisiones de expertos para validar noticias; o de Twitter y su pelea contra los perfiles falsos. También están las ONG y colectivos que generan estrategias de verificación (fact-checking) y aplicaciones de alertar (Maldito Bulo en España, Chequeado en Argentina y otras nueve iniciativas en la región); instituciones de gobierno que se alían con colectivos y empresas (Verificado 2018 en México, impulsado por el Instituto Nacional Electoral con el objetivo concreto de cualificar la información de las elecciones venideras); gobiernos que buscan aprobar leyes para sancionarlas (Francia ya tiene una norma en proceso y esta semana en España se tuvo una similar); e instituciones supranacionales que encaran desafíos de mayor envergadura como la UE, que a fines del año pasado conformó una comisión de expertos para la elaboración de un informe de recomendaciones que se ha hecho público el pasado lunes y que apunta a remover el debate. Este informe presenta cinco recomendaciones: 1) uso del término desinformación en lugar de “noticias falsas”, 2) autorregulación antes que por las leyes, 3) transparencia sobre los algoritmos de las plataformas donde se difunde, 4) financiación pública para el periodismo de calidad y 5) alfabetización mediática (que incluye a la educación formal).
Así las cosas, queda claro que ante esta amenaza contra uno de los principales cimientos de la democracia (la participación libre, informada e idealmente deliberada), los países que tienen en sus calendarios venideros procesos electorales deben prepararse ante estas arremetidas, que, se sabe, pueden llegar a modificar escenarios políticos. En ese escenario global y conociendo que el siguiente año tendremos una elección general en el país (la cual genera desde ya una profunda polarización) viene siendo tiempo de preguntarnos ¿qué hacemos frente a esta oleada de noticias falsas y su impacto en nuestra convivencia democrática? Pues tampoco es novedad que el problema ya lo estamos (vi)viendo, pero no así su cada vez más urgente búsqueda de soluciones.
