El Ministerio de Empleo Trabajo y Previsión Social ha puesto en marcha el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) en todo el país, estipulado en el Decreto 3433 y su reglamentación en la Resolución Ministerial N° 105/18. Muchas voces han manifestado desconfianza ante tal medida, buena parte de las cuales señalan que este registro es un mecanismo más de control y sanción para la ya presionada población contribuyente de Bolivia. Cabe preguntarse, ¿hasta qué punto estos temores son ciertos?
De acuerdo con estimaciones del Sistema de Impuestos Nacionales (SIN), del 2005 al 2015 la población contribuyente en Bolivia pasó de 257.343 a 813.344 contribuyentes, creciendo a un ritmo promedio de 12,2% anual. Aplicando esta tasa de crecimiento para los últimos dos años, se puede estimar que para 2017 en Bolivia había al menos 1.210.581 contribuyentes, cuyo aporte tributario sumó Bs 30.906 millones aquel año.
Si bien el SIN destaca que se ha registrado un gran avance de la cultura tributaria en Bolivia, con ritmos de crecimiento positivos y niveles de recaudación interesantes, existen elementos complementarios que ponen en evidencia un contexto diferente al destacado por la entidad recaudadora.
Para tal efecto, conviene comprender el concepto de población en edad de trabajar (PET) y en edad de no trabajar (PENT). En Bolivia forman parte del primer grupo quienes tienen entre 10 y 64 años, cuentan con capacidades para trabajar y buscan un empleo. Entretanto, la segunda categoría está conformada por aquella población cuya edad no está dentro del rango antes mencionado y que no está en posibilidades de formar parte del mercado laboral. En este sentido, en 2017 la población en edad de trabajar de Bolivia habría sumado unos 8.021.300 habitantes, que representan cerca del 72% del total de la población; frente a 3.124.470 de habitantes en edad de no trabajar.
Si comparamos el padrón de contribuyentes del SIN y la PET, tenemos que el primero representa tan solo el 15% del total de la población que teóricamente estaría en condiciones de trabajar. Evidentemente, es imposible considerar que la totalidad de la población en edad de trabajar se encuentre en pleno empleo, y que a su vez forme parte del padrón de contribuyentes. Sin embargo, debe ser motivo de reflexión que gran parte de los ingresos tributarios nacionales todavía depende de un reducido margen de contribuyentes, y que la mayoría de la PET está inmersa en la economía informal.
Eh ahí la disyuntiva que explica en parte el temor de ese pequeño universo de contribuyentes frente al nuevo registro obligatorio de empleadores, máxime tomando en cuenta el hecho de que declarar una nómina de dependientes, sean éstos fijos o eventuales, puede ser motivo suficiente para que el SIN reconsidere la situación de varios contribuyentes que no están comprendidos en ningún régimen o que se encuentran en el régimen simplificado, de acuerdo con los requisitos e impedimentos que ambas categorías tienen en relación con la presencia o no de personal dependiente.
En la medida en que el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social maneje un canal de comunicación claro con la población acerca del Registro Obligatorio de Empleadores, se generará el impacto deseado en favor de los trabajadores. Mientras tanto, el clima de incertidumbre solo incrementará la confusión y el temor en una población que se encuentra a la defensiva frente a un Estado que no está pasando su mejor momento en términos de credibilidad institucional.
