Pese a su reconocimiento constitucional y a que, junto con lo plurinacional, configuran la esencia del nuevo modelo de Estado, las autonomías –en plural– registran un lento avance y parecen sitiadas por cuestiones administrativas y presupuestarias. La vigencia del estatuto cruceño reabrió el debate en torno al alcance y el porvenir del proceso autonómico en el país.
Las autonomías tienen que ver con la tensión irresuelta entre una estructura centralista, que permanece, y visiones regionales y locales que demandan más atribuciones y mejores condiciones para decidir por sí mismas. Esta tensión ha sido una constante en nuestra historia. No es casual por ello que la cuestión territorial estuviese en el núcleo del proceso constituyente. Dos visiones, que convergen en el texto constitucional, marcaron la pauta: autonomías departamentales y autogobierno indígena.
Luego de haber sido asumidas en la Constitución Política tras un amplio acuerdo político-regional, ¿cómo avanzaron las autonomías en más de nueve años de recorrido? Hay resultados evidentes, como la elección directa de autoridades subnacionales, la conformación de órganos con facultad legislativa, definición de competencias, gestión directa de recursos… La contracara se expresa en la espinosa gestión pública, dificultades normativas, limitación de recursos y trabas desde el nivel central del Estado.
Pero quizás el dato más expresivo del tardo avance del proceso autonómico en el país se refiere al derecho a dotarse de sus normas autonómicas propias. A la fecha, solo tres de los nueve departamentos cuentan con estatutos autonómicos en vigencia, la única autonomía regional (del Gran Chaco) tropieza con su complejidad, apenas se aprobaron 15 cartas orgánicas municipales (de más de 300 posibles) y solamente tres autonomías indígenas, con mucha dificultad, conformaron su autogobierno.
¿Hacia dónde se dirige el proceso autonómico? Si asumimos que la edificación del nuevo modelo de Estado plurinacional con autonomías es un desafío de largo plazo, cuya implementación será gradual (con avances, estancamientos, retrocesos), la evaluación debe hacerse con equilibrio. Empero, hay señales preocupantes, como la sensación de que la apuesta por las autonomías, que es de fondo, parece limitarse hoy a la brega por la distribución de escasos recursos, como ocurre con el dilatado pacto fiscal.
Como sea, pese a la lentitud y los yerros, siempre será mejor asumir el desafío viable de impulsar gradualmente las autonomías, en sus cuatro niveles, que estancarse en un anacrónico modelo centralista, o peor, en el desvarío del separatismo. Para ello es necesario despejar barreras normativas, desarrollar capacidades propias en departamentos, regiones, municipios y autonomías indígenas, redistribuir mejor los recursos, fortalecer destrezas legislativas, en fin, creer en serio en las autonomías.
