Las elecciones presidenciales en Costa Rica realizadas ayer en segunda vuelta marcan un hito preocupante no solo para el país centroamericano, de conocida solidez democrática, sino en toda la región. Y es que esos comicios estuvieron condicionados y se definieron, tanto en la campaña electoral como en el resultado, por el clivaje religioso. No es una señal menor.
Religión y democracia, la relación es compleja. Y se vio nítidamente en el proceso electoral costarricense. No tanto por el inédito sufragio en un Domingo de Resurrección, lo cual ya es un desatino, sino porque la religión, la moral, los valores cristianos y hasta Dios estuvieron en el centro del debate político y de las preferencias electorales. Así, hubo disputa entre creyentes y no creyentes (personas sin religión) por un lado, pero también entre evangélicos y católicos tradicionales, por otro.
Más allá de que nuestros Estados sean laicos, como el boliviano hoy, o que reconozcan y sostengan a la religión católica, apostólica y romana, como el boliviano ayer, se espera que los asuntos espirituales y de la fe no interfieran ni menos distorsionen el derecho a elegir y ser elegido. Lo hicieron en los comicios de Costa Rica, primero a propósito de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario, y después en torno a profetas y vírgenes.
Lo preocupante para la democracia y para la ciudadanía es que, más allá de las creencias religiosas y sus dogmas, la intervención de Dios en la política derive en la negación de derechos. Algo está mal en el Estado y en la sociedad cuando en nombre de la “familia natural” (o lo que eso signifique) se vetan programas de educación sexual en las escuelas y se condenan derechos avanzados como la identidad de género, la fertilización in vitro, el aborto… y peor cuando estos derechos se llevan al voto.
Volvamos al hito Costa Rica. Si bien no existe prohibición para que un predicador evangélico aspire a la presidencia de la República, es cuestionable que se trastoquen los comicios: que en lugar de presidente se vote por un líder espiritual, que los valores cristianos sustituyan el programa de gobierno, que las iglesias desplacen a los partidos. Hay antecedentes, bastará recordar el referéndum de 2009 en Bolivia, cuando las iglesias unidas llamaron a votar por la Biblia en contra de la nueva Constitución.
La libertad de religión y de creencias espirituales debe ser respetada y garantizada por el Estado, así como el derecho de los creyentes a pronunciarse sobre asuntos públicos, pero habrá que evitar, por la salud y la calidad de la democracia, que el “factor Dios” y la religión secuestren el debate público y las elecciones. Más todavía cuando vienen empaquetados con miedos y alientan fantasmas como “la ideología de género” (sic). O cuando los votos se deciden no en las urnas, sino en los púlpitos.
