En agosto de 2017, el Gobierno firmó un convenio con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia para poner en marcha el Plan de Empleo Urgente, a fin de crear nuevas fuentes de trabajo para jóvenes entre 18 y 35 años, divididos en mano de obra no calificada y en profesionales. En ambos casos el Ejecutivo se compromete a pagar durante un año el 30% del salario de los trabajadores, que debe estar entre Bs 2.000 y Bs 4.000 para la primera categoría y entre Bs 2.500 y Bs 4.000 para la segunda; además de cubrir el aporte patronal y un bono de Bs 1.000 para las madres.
Según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, hasta el momento se han inscrito, vía internet, 13.372 jóvenes, de los cuales 872 (es decir, el 6,5%) han logrado insertarse a alguna fuente laboral bajo estas modalidades. Una de las razones de este bajo porcentaje se debería a que la demanda se concentra en pocos sectores, como la gastronomía y la albañilería, mientras que la oferta (es decir los sectores en los que los jóvenes desean trabajar y/o cuentan con estudios relacionados) es mucho más variada y especializada.
De todas maneras, tomando en cuenta que cada año miles de personas se suman al mercado laboral pero la mayoría no logra encontrar un trabajo que les satisfaga, programas como el que aquí se comenta son más que deseables; más aún tomando en cuenta que un empleo digno y oportunidades laborales reales constituyen la mejor manera de revertir la desigualdad y la exclusión social, así como la expansión de las pandillas.
