Por ejemplo, en la sede de gobierno, la mayoría de los caballos que son utilizados para el entretenimiento de aquellos que visitan el parque de Mallasa los fines de semana se encuentran desnutridos, con escaras en el lomo y heridas en otras partes del cuerpo. Por otro lado, durante la semana suelen recorrer las calles y los basurales en busca de comida y agua de los charcos, cuando tienen la fortuna de que ha llovido.
Y el maltrato es aún peor en otras ciudades como Santa Cruz, donde operan, principalmente en los barrios periféricos, cientos de carretas que transportan todo tipo de carga (mobiliarios, alimentos, escombros, material de construcción, etc.) y que son impulsadas por caballos, los cuales sufren largas horas de trabajo sin las herraduras adecuadas para transitar en vías asfaltadas y/o empedradas (se estima que solo uno de cada 10 caballos cuenta con casquillos pertinentes). A cambio reciben una alimentación deficiente y cantidades de agua bastante reducidas para afrontar el intenso calor de Santa Cruz. Por ello, no sorprende que, según estimaciones de la Alcaldía, cada semana muere al menos un caballo cochero.
De regreso a la ciudad de La Paz, los vecinos de Mallasa han anunciado que, ante la indolencia y desidia de las autoridades locales frente a esta penosa realidad, se van a organizar para exigir la prohibición de los paseos de caballo en aquel barrio, e implementar una campaña en las redes sociales dirigida a quienes demandan este tipo de entretenimiento respecto a los maltratos y las malas condiciones que sufren los equinos.
Es de esperar que la ciudadanía responda positivamente ante esta cruzada. De todas maneras, esta iniciativa no debería servir como excusa para que las instituciones gubernamentales llamadas a hacer cumplir la Ley de Defensa de los Animales (Ley 700) dejen de hacer su trabajo, más aún tomando en cuenta que solamente hace falta un poco de voluntad para poner un alto al aberrante maltrato que sufren los caballos y otros animales.
Por ejemplo, las municipalidades del país podrían adoptar medidas similares a las impulsadas en otras ciudades extranjeras como en Bogotá, cuyas autoridades no solo prohibieron la circulación de vehículos impulsados por tracción animal, sino que además, a quienes se dedicaban a este rubro y estaban legalmente registrados les entregaron una camioneta de carga, o en su defecto dinero y asesoría para emprender un negocio a cambio de su carreta y de sus caballos.
