A través de un comunicado difundido ayer en las redes sociales y en los medios de comunicación, la organización vasca de liberación nacional Euskadi Ta Askatasuna (ETA) anunció el cese definitivo de su actividad política (ya en 2012 había anunciado el fin de su “actividad armada”), a tiempo de aclarar que “ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras” y que dejará de ser “un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores”.
Se trata ciertamente de un anuncio histórico, que cierra una lucha fratricida iniciada por un grupo de nacionalistas que, arrogándose la representación de los ciudadanos vascos y en nombre de la democracia, impuso el terror en la Península Ibérica durante más de 50 años, segando la vida de 853 personas y dejando heridas a más de 2.500.
No cabe duda de que detrás de esta decisión se esconden un conjunto de factores que estrangularon la estructura de ETA, como la colaboración de Francia y el permanente descabezamiento de los mandos jerárquicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la asfixia económica y política que se tendió en torno a esta organización con la identificación e incautación de sus fuentes de financiamiento.
Pero también es cierto que los nulos réditos y las grandes pérdidas que significó abrazar las armas fueron determinantes para llegar a este cese definitivo. Y es que para nadie es desconocido que la violencia y el terrorismo son un lastre antes que una solución a la hora de lograr reivindicaciones de cualquier tipo.
