Aunque sería deseable que existan consensos en todos los puntos de la agenda pública, hay que estar preparados para gestionar con madurez los disensos que podrían surgir. Se trata de no renunciar al diálogo en ningún momento y persistir en la construcción, aunque sea parcial, de acuerdos. Ese es hoy el reto del Gobierno y de los empresarios privados.
La ambigua relación entre el Gobierno y los empresarios ha entrado en una fase de enfriamiento y de tensión. Los voceros del sector privado han criticado el aumento salarial y la promulgación de la Ley de Empresas Sociales. A su vez, las declaraciones apresuradas de las autoridades sobre el pago del segundo aguinaldo, beneficio que debería tratarse solo cuando haya estadísticas precisas, no mejoraron el estado de ánimo.
Más allá de las razones de unos y otros para apoyar o rechazar estas medidas, se debe entender que en una democracia moderna, a la hora de construir cualquier política, la tarea del Estado consiste en mediar entre intereses divergentes y buscar, hasta donde sea posible, puntos de encuentro. En esa dialéctica, inevitablemente algunos podrían sentirse más ganadores que otros.
La relación entre empresarios y Gobierno ha sido compleja desde el inicio de la administración del presidente Morales. No podía ser de otra manera, considerando que el MAS se asume como una fuerza de izquierda, cuyo principal sostén son los sindicatos y los sectores populares. Orientación que además ha sido respaldada por el voto mayoritario. Este es un dato que no se puede soslayar, lo cual no exime al Gobierno de escuchar todas las voces e interese antes de decidir, lo cual es también su deber.
En este ejercicio de equilibrismo habrá seguramente convergencias, que esperamos que sean las más, pero también divergencias. Por tanto, la cuestión de fondo es la forma en la que ambos actores deben procesar los disensos, entendiendo que deben seguir conviviendo y enfrentando problemas en los que se necesitan mutuamente. Por supuesto los privados tienen todo el derecho de agotar las posibilidades institucionales para revertir las medidas que no les parecen convenientes, pero eso no debería impedir que sigan trabajando en una agenda pragmática que mejore las condiciones para hacer negocios en el país.
También sería deseable que el Gobierno mantenga las puertas abiertas para el diálogo y que haga esfuerzos para escuchar todos los puntos de vista, a tiempo de procurar explicar y persuadir sobre el buen sentido de sus decisiones; e incluso pensar en compensaciones y garantías reforzadas si fuera el caso. La idea es no quedarse entrampados, sino buscar salidas creativas. El desafío pasa por resolver problemas por medio de acuerdos, que a veces podrán ser parciales, comprendiendo siempre las restricciones de la contraparte, así como lo que es posible alcanzar.
