En los últimos cinco años, al menos 382 personas con algún tipo de discapacidad ingresaron de manera directa a las principales universidades públicas del país, 150 a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, 140 a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, 82 a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, y 10 a la Universidad San Francisco Xavier (USFX) de Chuquisaca. Esta prerrogativa ha sido posible gracias a la Ley 233 de 2012, que en su artículo 31 garantiza el “ingreso libre” de personas con discapacidad a universidades públicas y privadas.
Tomando en cuenta que muchas de las personas con discapacidad que nacen en el país están condenadas a una vida de dependencia y restricciones debido no tanto a su invalidez, sino sobre todo a las limitaciones económicas y culturales de sus familiares, no cabe duda de la necesidad de poner en práctica normas como la que aquí se comenta.
Sin embargo, cabe insistir en la necesidad de adoptar medidas adicionales orientadas a garantizar el acceso a la educación de las personas con discapacidad desde su nacimiento. Y es que aún son muchos los padres de familia que al tener hijos con limitaciones físicas o mentales deciden no invertir en su futuro, ya sea por la falta de confianza en ellos, por carecer de recursos o bien porque se avergüenzan y deciden marginarlos de la sociedad. Una visión que concentra la mirada en las discapacidades en vez de prestar atención a las potencialidades de sus hijos, y que urge modificar.
