En muchas ocasiones hemos sostenido en éste y en otros espacios que un camino al desarrollo económico pasa, también, por contar con políticas que estimulen la formación superior técnica en lugar de únicamente la universitaria. Dicha política existe desde 2006, pero en todos estos años no ha logrado prosperar por falta de candidatos a las becas que se ofrecen. Algo está fallando.
En efecto, la señalada política consiste en exigir a todos los institutos técnicos del país la entrega de un porcentaje de su matrícula en calidad de becas para miembros de ocho movimientos sociales y de las Fuerzas Armadas. Un total de 230 institutos técnicos y tecnológicos privados han puesto este año 2.933 becas a disposición de estas organizaciones, pero con excepción de aquellas que trabajan en el área rural, tienen muy poca demanda y los matriculados no siempre terminan sus estudios.
La norma, que desde 2009 asigna al Ministerio de Educación la responsabilidad administrativa de la distribución de estas becas, establece como cuota el 10% de su último número de matriculados. La diferencia entre el número de becas ofertadas y la demanda de parte de las organizaciones muestra, así, que el problema no está en la disponibilidad de cupos para la formación superior.
Por otra parte, se sabe que los institutos de formación técnica en ramas vinculadas con el desarrollo rural han tenido un muy buen momento en los últimos años: el número de instituciones públicas y de convenio dedicadas a este tipo de enseñanza se incrementó de 60 en 2006 a 147 en 2007; 59 de ellos con sede en localidades rurales.
Considerando el origen mayoritariamente indígena campesino originario y obrero de los miembros de organizaciones como el Conamaq, la Cidob, la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, los interculturales, la CSUTCB, la COB, las personas con discapacidad, los mineros y las FFAA, tal vez convenga revisar la relación entre demanda y oferta de la formación superior técnica.
Por ejemplo, el Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) reconoce que de 103 becas que la organización tuvo asignadas solo 15 fueron aprovechadas. Agregó, sin embargo, que el principal obstáculo es que las personas interesadas en los estudios tendrían que trasladarse del campo a la ciudad, incrementando grandemente su costo de vida.
Es posible que una deficiente identificación de la demanda de carreras de educación superior, sumada a la restricción impuesta por el hecho de que las becas favorecen únicamente a determinados grupos, haga que la iniciativa no avance. Promoción e incentivo son dos áreas que deberían trabajarse desde el Estado, demostrando que hay una verdadera preocupación por formar recursos humanos aptos para desarrollar el sector al cual pertenecen y con ello a todo el país.
