La ley que da pie a la creación de empresas sociales fue propuesta por primera vez en mayo de 2017. Empero, ante las inquietudes formuladas por el sector privado, el Ejecutivo decidió suspender su tratamiento y proceder a consultas. Tal determinación, además de poner en evidencia una relación equilibrada entre el Gobierno y el sector privado (la cual dicho sea de paso ha contribuido a apuntalar el buen desempeño económico del país en los últimos años), fue celebrada por diversos sectores que se manifestaron preocupados ante la posibilidad de que la cuestionada norma ahuyente nuevas inversiones y promueva sabotajes en las empresas.
Sin embargo, finalmente la Ley de Empresas Sociales fue promulgada el 1 de mayo, suscitando nuevamente preocupaciones en el sector privado del país. Ello a pesar de que las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, han declarado que la intención de esta norma no es la de vulnerar la propiedad privada, a tiempo de ratificar su interés por fortalecer las capacidades productivas y el empleo del país.
En suma, se trata de diferentes puntos de vista respecto a la Ley de Empresas Sociales que urge resolver, más aún tomando en cuenta que estas divergencias contribuyen a generar señales ambiguas en el entorno normativo e institucional que rige la actividad privada en el país; las que a su vez promueven costos estructurales que dificultan la creación de nuevos empleos en un momento en que el Estado intenta alentarlos.
