Resulta un argumento en extremo facilista afirmar que la fisura que sufre la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) es consecuencia de la política exterior del Gobierno boliviano, o que es fruto de la ideologización de los países que cuestionan su funcionamiento. Quedarse con estos relatos solo llevaría a eludir el análisis sobre las causas reales del “surexit” o posible salida de seis de sus países miembros, explicable en causales de concepción, de representación y de organización.
Toda concepción integracionista se cimienta en la voluntad pluralista de distintos países que buscan consensos con resoluciones pragmáticas, resultados concretos y acuerdos estructurales de convivencia. Estos procesos suelen ser dificultosos, y más aun en contextos como el de nuestro continente, donde ocurre un corrimiento hacia políticas que priorizan medidas intergubernamentales y bilaterales funcionales al libre comercio, como la propuesta para que Unasur concentre esfuerzos en la integración energética, el desarrollo de la infraestructura regional y la mejora de la conectividad, gatillando un posible proceso regresivo de su carácter integral.
La razón de representación es un detonador que incomoda la reglamentación de Unasur, sujeta a que todas sus decisiones emerjan del consenso absoluto entre todos sus miembros. Desde su fundación, este dispositivo ha constituido un factor de tensión entre el consenso y la intolerancia para la elección del secretario general. Recuérdese la imposibilidad de la elección del expresidente ecuatoriano Rodrigo Borja; o el desacuerdo de Colombia y Venezuela que llevó a que sus excancilleres María Ema Mejía y Alí Rodríguez asumieran la mitad de gestión sucesivamente cada uno de ellos; también el impedimento para la reelección del exgobernante Ernesto Samper, a pesar de su notable gestión.
Es en esta situación, so pretexto de su retiro o licencia por su “extrema inconformidad” con las dificultades de elegir al secretario general, que los países del “surexit” activan una inédita presión que deja su resolución condicionada en responsabilidad de la recientemente asumida presidencia pro témpore boliviana, en un deslucido acto realizado a la sombra de la VIII Cumbre de las Américas.
La razón organizativa arrastra un déficit fundacional, que es el carácter intergubernamental que tiene Unasur y que niega la posibilidad de niveles de supranacionalidad que le otorguen un carácter vinculante a sus decisiones. El secretario general es una autoridad aprisionada por un Consejo de Delegados en los que funcionarios de tercer nivel de las cancillerías toman decisiones muchas veces guiadas por los ensimismamientos de políticas nacionales anilladas a posiciones polarizadas entre los Estados.
¿Qué hacer en esta situación?, ¿continuar con la indiferencia que inmoviliza a Unasur?, ¿resignarse a mermar el espacio de unidad continental?, ¿o buscar alternativas que permitan salir del atolladero? Me inclino por la búsqueda de fórmulas innovadoras. Una de ellas, la sugerida por el expresidente Samper, que ante la imposibilidad de modificar el consenso porque se requiere consenso para ello, propone aceptar la regla de las mayorías relativas para la elección del secretario general, en función de una lista de candidatos idóneos. Otra medida de flexibilización podría darse mediante agrupaciones de países por temas de interés. Por otra parte, se deben repensar las competencias del secretario general, otorgándole capacidad decisoria a la altura de su investidura y de los desafíos de la integración, en un mundo que se ha vuelto proteccionista para las grandes potencias y desarticulador de las relaciones sur-sur.
