Cada año, en mayo, el pueblo palestino recuerda la expulsión de decenas de miles de sus compatriotas en 1948 de lo que hoy es territorio israelí. Este éxodo, al que los palestinos se refieren con el término Nakba (“catástrofe” en árabe), marca además la pérdida de la identidad nacional y cultural de Palestina, que ha necesitado de varias décadas para poder recuperarse, parcialmente.
Como es de suponer, durante esta época suelen ser corrientes los enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes en las fronteras que separan Cisjordania y la Franja de Gaza con Israel. Sin embargo, este año los choques han sido particularmente violentos, en parte por la conmemoración de los 70 años de la fundación del Estado de Israel, que va de la mano de la Nakba, pero también y sobre todo por el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel-Aviv a Jerusalén, anunciada por Trump en diciembre de 2017 y que se materializó, de manera provisional, el lunes. De hecho, ambos acontecimientos se saldaron con la muerte de al menos 59 palestinos y más de 2.000 heridos de bala en la frontera con Gaza, en una jornada sangrienta cuya violencia no tiene precedente desde 2004.
Se trata ciertamente de una matanza reprochable que, como bien ha exigido la comunidad internacional, amerita cuando menos una investigación respecto de los motivos que impulsaron al Ejército israelí a utilizar armas de fuego reales contra la población civil, en lugar de utilizar únicamente material antidisturbios, como correspondería en manifestaciones de esta naturaleza.
