Según estimaciones del Gobierno Municipal de El Alto, al menos el 10% de los alojamientos que existen en esa urbe están vinculados con la oferta de servicios sexuales. Es decir que en los hechos funcionan como prostíbulos clandestinos. Estamos hablando de aproximadamente 56 locales que han sido acondicionados para proporcionar este tipo de servicios, ya sea a proxenetas o a mujeres que ejercen la prostitución de manera independiente.
Además de poner en riesgo la seguridad y la salud tanto de las meretrices como de los clientes, pues como es de suponer la higiene no es precisamente una de las virtudes de este tipo de alojamientos, estos prostíbulos clandestinos pueden esconder casos de trata con fines de explotación sexual, tanto de personas adultas como de menores de edad, particularmente mujeres, pero también de manera excepcional varones.
No sobra recordar que la falta de controles sobre los prostíbulos, tanto clandestinos como legales, es uno de los principales escollos para combatir la explotación sexual de las personas. Un macabro negocio en el que las víctimas son obligadas a alcoholizase y drogarse para poder aguantar largas horas de trabajo, que a veces incluye satisfacer fantasías aberrantes. A lo que se suma el maltrato físico y psicológico de manera regular como una manera de someter su voluntad, para que no traten de huir o de denunciar a sus captores. De allí la importancia de regular y controlar estos alojamientos, junto con otras medidas orientadas a combatir estos delitos de lesa humanidad.
