Ha causado indignación entre propios y extraños el arresto de una funcionaria municipal acusada de obstruir la labor policial luego de que le solicitase a un patrullero que se estacione de manera correcta en un parqueo público administrado por la Alcaldía, de tal manera que en lugar de ocupar dos estacionamientos deje espacio para otro motorizado.
No obstante, el policía habría reaccionado de manera violenta ante esta reprensión, impidiendo primero que la funcionaria grabe su reacción, antes de solicitar apoyo a otros uniformados para detenerla. Y para mayor encono, por internet están circulando videos en los que se puede apreciar cómo la funcionaria es conducida de manera agresiva a celdas judiciales por el patrullero y por otros efectivos, pese a manifestar que se encuentra embarazada.
Huelga recordar que no es la primera vez que funcionarios policiales acaparan la atención de la opinión pública por protagonizar hechos violentos contra la población civil, actuando de manera arbitraria como si se encontrasen por encima de las normas, amparados en el uniforme que portan y en la institución a la que representan, llamada precisamente a hacer respetar las leyes y salvaguardar la seguridad ciudadana.
Sin embargo, para ejercer de manera proba esta delicada e importante función resulta de vital importancia que sus miembros sean los primeros en respetar las leyes y los derechos de los ciudadanos, a quienes se deben, o al menos deberían. De lo contrario, su razón de ser simplemente carece de sentido.
