La derecha en nuestro país aún vive y arrastra la crisis estatal de octubre de 2003. La renuncia y posterior huida de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) del gobierno y del país para esconderse en Estados Unidos, la movilización política del pueblo boliviano y la derrota electoral nacional de 2005 son hechos políticos sustanciales que han construido una nueva institucionalidad estatal.
La derecha ha intentado electoralmente su reorganización, negando su propio pasado político como forma de presentación pública. En 2005, por la vía de agrupaciones ciudadanas constituyó Podemos, a la cabeza del exvicepresidente Jorge Tuto Quiroga. Su límite electoral fueron las elecciones nacionales de ese mismo año y los comicios para elegir en 2006 a los asambleístas constituyentes. Fue un intento solo electoral para tener representación parlamentaria y se diluyó sin marcar ninguna huella política.
En 2009, Víctor Hugo Cárdenas, exvicepresidente de Goni; Manfred Reyes Villa, exaliado de Hugo Banzer y de Sánchez de Lozada; y Samuel Doria Medina intentaron forzar un frente unitario. Cada uno se autodefinía como el abanderado de la oposición, y terminaron conformando el frente de Concertación Nacional, a la cabeza de Reyes Villa y el adenista Leopoldo Fernández (exprefecto de Pando y exsenador) como vicepresidente. Su límite electoral no llegó ni siquiera al primer mes de la gestión legislativa y se diluyó al poco tiempo de constituirse.
En 2014, emulando la “mesa democrática” de la derecha venezolana, el empresario y eterno candidato Samuel Doria Medina impulsó el frente de Unidad Demócrata (UD), con el apoyo de dos figuras políticas vinculadas con las gobernaciones de Santa Cruz y Beni. Su límite tampoco superó la coyuntura electoral.
Estos ensayos electorales periódicos son una primera constatación del comportamiento de la derecha y de su límite político. Nuestra democracia, que es un patrimonio conquistado por las luchas políticas del movimiento sindical y la izquierda boliviana, tiene en los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organización de pueblos indígena-originarios la base de organización, elección y dirección de los órganos de poder y entidades subnacionales (departamentales y municipales). Por lo tanto, los actores políticos tenemos una múltiple responsabilidad con el país y la democracia. Pero la oposición ha confundido institucionalidad política de oposición como sinónimo del no, y no como opción de gobierno.
Ser una oposición institucionalizada implica ofrecerle al electorado una opción de gobierno, y no solo la opción de voto en la papeleta electoral con solamente nombres y eslóganes de campaña; implica requisitos sustantivos, porque el Estado y el pueblo no son una empresa ni una ONG, y no pueden ser dirigidos por un club de amigos que se organiza para el momento corto del proceso electoral.
La democracia, como institución política del Estado y la sociedad, para su reproducción depende no solo de la participación activa del pueblo en la elección de sus autoridades, sino también en la responsabilidad que asumen los actores políticos que demandan del pueblo apoyo. Ahí radica la sabiduría popular para decidir el futuro en el presente. Es decir que el tiempo fáctico es la facultad soberana de decisión que se le otorga al pueblo. A su vez, el resultado de la composición política de los órganos de poder tiene que ver con la forma de presentación e interpelación compuesta por liderazgo, organización y programa de gobierno. Ahí radica la certeza; no solo en el eslogan ni tampoco en la imagen mediática de los candidatos.
