Contra toda previsión y antecedentes, la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a un nuevo referéndum aprobatorio de estatutos autonómicos y cartas orgánicas incluye la presencia de un solo municipio que cumplió los requisitos en plazo: Yacuiba, en el Gran Chaco, Tarija. Ninguna otra entidad territorial autónoma participará en la consulta del domingo 26 de agosto.
Desde la vigencia de la nueva Constitución Política (2009), y en especial de la Ley Marco de Autonomías (2010), se realizaron en el país tres referéndums para la aprobación y puesta en vigencia, o no, de documentos autonómicos (2015, 2016 y 2017). El recorrido ha sido largo y contradictorio. En las tres consultas participaron 37 entidades autónomas, de las cuales 19 aprobaron sus documentos y 18, nada menos, los rechazaron. Hay avances diferenciados, entonces, pero sobre todo existe letargo.
¿Por qué está resultando tan difícil que las entidades territoriales logren dotarse de su propia norma autonómica, que necesariamente debe ser compatible con la Constitución? La evidencia muestra que, en general, la elaboración de estatutos y cartas orgánicas no ha sido lo suficientemente participativa. Ello explica el escaso interés ciudadano sobre el tema. Y explica sobre todo que, cuando se convoca a votar por la aprobación o rechazo del texto autonómico, el mensaje sea de desconocimiento.
¿Cuál es el actual estado de situación? Solo tres departamentos y una región cuentan con estatuto en vigencia. Únicamente 15 de los 339 municipios del país han aprobado en referéndum su carta orgánica. Y apenas tres autonomías indígenas lograron avanzar en la conformación del autogobierno. Este modesto resultado, a casi una década de vigencia del texto constitucional, demuestra que el proceso autonómico es no solo complejo, sino también pleno de requisitos. Y las señales no son las mejores.
En ese marco, preocupa que solo Yacuiba haya logrado ser parte del siguiente referéndum, cuando había la expectativa de que una decena de entidades, en versión pesimista, irían a la consulta. Tres razones lo explican: la lentitud del control de constitucionalidad de la pregunta, la coyuntura tensionada por iniciativas de revocatoria de mandato y, en particular, limitaciones presupuestarias para cubrir el costo de la votación. En algunos casos también operan situaciones de conflicto interno.
¿Qué sigue? Es probable que el TSE convoque a un nuevo referéndum para noviembre de este año. Se esperaría que en tal consulta participen varias entidades, incluidas algunas autonomías indígenas. Pero lo más importante es impulsar un amplio debate y realizar un serio balance sobre la salud y el rumbo del proceso autonómico en el país. ¿En qué condiciones estamos avanzando en Bolivia hacia un nuevo modelo de Estado con autonomías? O mejor: ¿estamos avanzando, más allá del ya postergado pacto fiscal?
