A principios de año, el papa Francisco visitó Chile, viaje que fue aprovechado por algunos periodistas para preguntarle sobre el presunto encubrimiento del obispo de Osorno, Juan Barros, respecto a los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima contra feligreses y exseminaristas en los años 80 y 90. Su respuesta causó estupor entre algunos fieles, ya que dio por cierta la versión de los acusados de que se trataba de “calumnias sin respaldo”; descartando así el testimonio de las víctimas, quienes aseguran que Barros y otros sacerdotes estaban al tanto de los ultrajes y no hicieron nada para sancionar y evitar estas repudiables acciones.
Sin embargo, a los pocos días el Pontífice pidió disculpas por sus declaraciones y ordenó una investigación al respecto. Seis meses después, con los primeros resultados el Papa cambió su posición, poniéndose del lado de las víctimas. Esto sin duda influyó para que los 31 obispos chilenos presentaran su renuncia, de los cuales el domingo tres no fueron rectificados, entre ellos Barros y los obispos de Puerto Montt, Cristian Caro, y de Valparaíso, Gonzalo Duarte.
Se trata sin duda de una positiva rectificación que le devuelve credibilidad al compromiso asumido por el Papa, quien poco después de ser investido aseguró que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra niños “ya no pueden ser mantenidos en secreto durante más tiempo”, y que todos los religiosos que han cometido delitos de esta naturaleza van a “rendir cuentas”. Una deuda pendiente de la Iglesia católica que indiscutiblemente debe ser saldada cuanto antes.
