Durante el primer semestre de 2018, la Intendencia Municipal de La Paz identificó y clausuró a al menos 53 bares de remate. Esta cifra pone en relieve la “buena salud” de la que gozan este tipo de bares en la sede de gobierno, y que previsiblemente se repite en mayor o menor medida en el resto de las urbes del país, particularmente en las más pobladas, como Santa Cruz, El Alto y Cochabamba.
Entre las razones que explican la proliferación de estos locales están la laxitud de la ley, que impone como pena máxima a los reincidentes el arresto durante ocho horas. A ello se suma el hecho de que la Policía es la responsable de que una taberna que ha sido clausurada definitivamente no vuelva a abrir sus puertas. Labor que no suele ser cumplida a cabalidad. Adicionalmente, los responsables de estos boliches evitan los controles municipales empleando cámaras o bien argucias legales, argumentando por ejemplo que se trata de una fiesta privada.
El problema es que estos lugares no solamente promueven el consumo excesivo de alcohol y el tráfico de drogas, sino también la prostitución, labor que puede esconder casos de trata de personas. Y a todo ello se suma la violencia que siempre viene acompañada en este tipo de locales. Por ejemplo, en julio de 2012, un joven de 24 años murió en el bar El Caballito luego de recibir un disparo en la espalda; y pocos meses después en La Cueva apareció una mujer sin vida, quien aparentemente falleció estrangulada. Urge, en este sentido, tomar medidas para controlar su proliferación.
