En los últimos tres meses se han aprobado cuatro normas referentes al gobierno electrónico y la relación del Gobierno con la ciudadanía en Bolivia: el Decreto 3525, de lineamientos y herramientas para el gobierno digital; la modificación de la Ley Electoral para permitir la interoperabilidad de datos del Segip y del Sereci; la modificación a la Ley de Migración que abre la posibilidad del voto electrónico en el exterior; y la Ley de Ciudadanía Digital, aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Esto es una muestra de la voluntad de al menos una parte del Gobierno para impulsar la modernización del Estado, de tal manera que la ciudadanía no tenga que seguir sufriendo trámites engorrosos, con colas interminables y gastos de traslado a la sede de gobierno para hacer trámites que requieren sí o sí la presencia física de la persona interesada para realizarlos.
Sin embargo, han surgido dos observaciones centrales, tanto de parte de algunos sectores de oposición en la Asamblea Legislativa como de parte de algunas personas e instituciones de sociedad civil. La primera es que faltó abrir el debate a la ciudadanía. En otros países los debates legislativos acerca del voto electrónico o de la interoperabilidad de los datos personales han tomado años y aquí se han resuelto en pocas semanas. Entiendo que es normativa necesaria para la eficiencia en los servicios que presta el Gobierno a la ciudadanía, pero la elaboración de normativas tiene que ser inclusiva y debería ser consultada por sectores que pueden aportar para efectivamente poner al ciudadano en el centro del proceso.
La segunda observación se refiere a que más allá de resolverle temas cotidianos a la ciudadanía (los ya mencionados acerca de tiempo, dinero y molestias en trámites estatales), el enfoque centrado en la ciudadanía debe tomar en cuenta derechos humanos en internet, tales como la privacidad de datos personales, voto secreto, acceso a tecnologías de información y comunicación, y libertad de expresión que no están reflejados en estas normas de una manera clara. Por ejemplo, si un funcionario hace un uso abusivo de datos de la ciudadanía, digamos vende parte o toda una base de datos, ¿cuál es el procedimiento para que la ciudadanía proteja sus derechos? ¿Las sanciones serán solo administrativas o penales?
Otro tema es acerca de la accesibilidad de la ciudadanía, solo el 34% de los internautas usan internet para acciones más complejas como trámites en línea.
¿Qué se hará con el restante de internautas y con los que no son internautas todavía? Estas normas deberían contemplar procesos masivos de alfabetización digital para reducir brechas de habilidades tecnológicas.
