Desde hace años, parte del paisaje paceño incluye columnas de tierra que se elevan al cielo desde los cerros por efecto de los vientos; la tierra se desprende por los intensos trabajos de terraceo (habilitación de grandes superficies horizontales en las faldas de las montañas). La operación es peligrosa porque desestabiliza el suelo y daña la institucionalidad.
Un reciente reportaje de este diario identificó ocho zonas del Macrodistrito Sur donde la actividad de tractores y camiones es intensa. No es casualidad que todas ellas estén en lugares donde todavía existe pugna por la demarcación de límites entre las jurisdicciones territoriales de los gobiernos municipales de La Paz, Palca y Mecapaca.
Consultados al respecto, los trabajadores de los sitios visitados por la periodista de La Razón se negaron a hacer declaraciones y a identificar la empresa para la cual laboran, o bien señalaron que la autorización de movimiento de tierras fue aprobada por alguno de los dos gobiernos municipales en pugna.
A su vez, los subalcaldes del Macrodistrito Sur y de Palca revelaron que cada vez que hacen inspección a esas obras los trabajadores afirman que el permiso de trabajo lo otorgó el otro municipio. De más está decir que en ninguno de los gobiernos municipales reconocen haber aprobado el movimiento de tierra, lo que pone al descubierto la total incapacidad del Estado para imponer las normas y evitar los problemas que vienen aparejados con estos trabajos.
Al problema que supone el hecho de que ninguno de los gobiernos locales puede poner un alto a estas obras abusivas, que suele ejecutarse no solo en terrenos privados, sino también avasallando propiedad pública y de terceros, se suma la inevitable desestabilización del suelo en toda la zona, lo cual pone en riesgo a los obreros que trabajan en los terraceos, pero también a los terrenos colindantes y, por supuesto, a cualquier construcción que haya en ellos.
En muchos casos se ha visto que estos trabajos, que en corto plazo permiten a empresarios inescrupulosos vender terrenos para construcción de viviendas, en el mediano y largo plazo provocan deslizamientos y otras tragedias que, hasta donde se ha visto en los últimos años, solo son atendidas por el Gobierno Municipal de La Paz, mientras las municipalidades circundantes brillan por su ausencia.
Urge, pues, que otros niveles gubernativos también comiencen a participar de la búsqueda de soluciones. Si no logran la tan demorada demarcación de límites, al menos apoyando con la fuerza de la ley necesaria para evitar que sigan produciéndose movimientos de tierra que no cuentan con autorización alguna y, seguramente, ninguna forma de supervisión que asegure la estabilidad y condiciones necesarias para crear nuevas urbanizaciones.
