Cuando los 1,5 millones de migrantes africanos, iraquíes, sirios y afganos llegaron en 2015, en pacífica avalancha, a las costas europeas nadie imaginó la gran dimensión de discordia que causarían esas expediciones, tanto a nivel de intrusión cultural, como demográfica y de impacto financiero en el seno de la Unión Europea. Pero lo más arduo del tema es que se ha convertido en una fuente de tensión capaz de comprometer seriamente los fundamentos mismos de la alianza.
Esta preocupante temperatura imperó durante los debates del Consejo de Europa realizados en Bruselas el 28 y 29 de junio pasado entre sus 28 miembros. De todos ellos sobresale la posición de la canciller alemana, Angela Merkel, quien salvó el cargo en última instancia cediendo a las exigencias de la extrema derecha de su coalición, opuesta a la política de puertas abiertas de la que era portaestandarte la Canciller.
No obstante, el soporte a sus argumentos por parte de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), que afirma que los 4 millones de asilados recibidos en suelo europeo entre 2014 y 2017 significan apenas el 0,3% de la masa laboral al horizonte de 2020. A su vez, las voces opuestas a la migración se apoyan en la creciente hostilidad manifiesta en buena parte de la población, que se ha expresado abiertamente votando por las opciones más radicales en Austria, Italia y particularmente en el grupo denominado Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), los cuales se niegan terminantemente a dar asilo a los impetrantes.
Estos últimos se adhieren a la iniciativa cada vez más recurrente de trasladar las fronteras de la Unión Europea a la rivera africana del Mediterráneo, donde se instalarían equipos encargados de examinar a los candidatos al asilo. Ello mitigaría el tráfico humano y evitaría los siniestros viajes de embarcaciones de fortuna que causan frecuentemente miles de víctimas que perecen en su intento de arribar al Viejo Continente.
Empero, otro resultado de la falta de consenso acerca del espinoso problema es el ascenso de la extrema derecha en varios países, al punto que el mesurado presidente francés, Emmanuel Macron, se refiere a las diversas tendencias nacionalistas que cobran mayúscula fuerza como “la lepra que sube”. En ese nivel, la prensa ha comenzado a identificar a la “banda de los cuatro” populistas: el vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, el “herrero” que desde su cartera ministerial rechazó la entrada del buque Acuarios, que cargado de refugiados corría el riesgo de encallar en el Mediterráneo.
El segundo sería el alemán Horst Seehofer, apodado el Dinamitero, quien como poderoso ministro logró doblar el brazo de Angela Merkel para salvar la crisis interna alemana. El tercero es el austriaco Sebastian Kurz, quien a sus 31 años es el abanderado de la guardia joven radicalmente contraria a la inmigración. El cuarto y último sería el caudillo húngaro Viktor Orban, a quien atribuyen ser el inspirador de la corriente xenófoba que se derrama por el continente europeo.
Entre los gobernantes que buscan afanosamente una solución a la crisis migratoria se cuenta a Frau Merkel, la hada madrina de los refugiados que ha arriesgado su porvenir político por defender esa causa impopular; el mandatario galo, Emmanuel Macron, que sostiene la tesis de reforzar las fronteras, evitando la inmigración irregular y aplastando el sucio negocio de los “coyotes” que trafican con el dolor humano. Y en la zaga, el español Pedro Sánchez, que tuvo el gesto humanitario de albergar el navío Acuarius en su peregrinaje sin rumbo fijo en el mar.
Cualquier enfoque para desmontar esa bomba de tiempo no podrá alcanzar la unanimidad en el seno de la Unión Europea, bloque que, venciendo tópicos tan complejos como la vigencia del euro o las regulaciones fiscales impuestas por Bruselas, enfrenta esta vez el mayor obstáculo para conservar la unidad organizativa tan difícilmente lograda hasta antes de ahora.
