Una noche cualquiera, en una calle cualquiera de la zona Sur: el conductor del destartalado minibús considera que no necesita respetar la luz roja del semáforo y decide, poniendo a sus pasajeros y a él mismo en riesgo, cruzar la calle. Inmediatamente después, el conductor de un vistoso coche de fabricación europea hace exactamente lo mismo. La única diferencia entre ambos es el ingreso económico y el número de personas que transportan en sus automóviles.
Este ejemplo, que se repite todos los días, ilustra cómo se ha llegado a un estado de anomia generalizada en la vida urbana paceña. Las normas de tráfico y tránsito son, cuando menos, ignoradas cotidianamente por conductores de todo estatus económico, social o étnico. En un país donde los políticos cultivan con tanto ahínco las diferencias, lo que verdaderamente une a las personas es su voluntad de vulnerar las normas y despreciar a la autoridad que eventualmente trate de imponerlas.
Sucede en las calles, donde las personas están expuestas a los abusos de conductores como los señalados más arriba, pero también en las instituciones, donde el humor de los trabajadores determina la calidad de atención al público y, como es bien sabido, en los hogares, donde se producen al menos siete de cada 10 agresiones contra mujeres y niños. Evidentemente, el Estado no tiene fuerza para imponer la ley y menos para transformar la práctica social, sobre todo si se considera que, cuando hace falta, también las autoridades vulneran las normas.
