La trata de personas afecta a todos los países del mundo. Cada año se identifican miles de casos del delito, en su mayoría con fines de explotación sexual y laboral. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de las 17.752 víctimas de trata detectadas en 85 países en 2014, el 71% eran mujeres y niñas. Sin embargo, este porcentaje fue menor que en años anteriores, mientras que el porcentaje de hombres y niños que fueron identificados como víctimas de este delito incrementó significativamente y de manera progresiva en los últimos años (de 16% en 2004 a 29% en 2014), debido al aumento de la prevalencia de la trata de personas con fines de explotación laboral, que tiene como principales víctimas a los varones.
Las fuentes de datos existentes sobre la trata de personas a escala mundial brindan una línea de base valiosa y están en constante mejora en términos de metodología y accesibilidad. Pero todavía existen limitaciones principalmente a causa de la compleja y cambiante naturaleza de este fenómeno. En Bolivia, la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263) y su decreto reglamentario le otorgan al Ministerio de Gobierno, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, la responsabilidad de recolectar datos sobre esta temática de las instituciones de los órganos Ejecutivo y Judicial, del Ministerio Público, las entidades territoriales autónomas y otras instituciones públicas y privadas. Sin embargo, este es un objetivo pendiente. Si bien se han hecho esfuerzos gubernamentales por recopilar datos sobre los casos identificados, éstos se encuentran dispersos, no estandarizados, y a menudo son producto de una incorrecta tipificación del delito.
La ausencia de datos e información confiables y oportunos impide la comprensión integral del problema, y en consecuencia, obstaculiza los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales de prevención y lucha contra este flagelo. La información fidedigna y actualizada es el insumo esencial de políticas efectivas basadas en evidencia; y al no llevarse a cabo la recolección sistemática de datos sobre la trata de personas, es muy difícil conocer la naturaleza de este delito, su prevalencia, las necesidades de las víctimas y el impacto de las intervenciones en su contra. Como resultado, los tomadores de decisión y los técnicos que trabajan en el área no cuentan con las herramientas suficientes para responder efectivamente, lo que afecta a las víctimas, a sus familias y comunidades, y tiene un impacto negativo en el desarrollo del país y en el bienestar de sus ciudadanos.
Frente a esta brecha, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), comenzará este año la implementación de un programa cuya primera fase tendrá como resultado un sistema de información para la recolección de datos sobre las víctimas, los perpetradores y la respuesta institucional frente a la trata de personas. A través del análisis de estos datos, el sistema generará periódicamente información útil para la implementación y evaluación de las políticas contra este delito.
Utilizando la evidencia generada en esta primera fase del programa, se trabajará durante la segunda fase en el desarrollo de modelos de intervención en los ámbitos de prevención, protección y atención de las víctimas y persecución del delito, fortaleciendo de esta manera la capacidad del Estado boliviano para la implementación efectiva de la política pública contra la trata de personas.
*es funcionaria del Área de Desarrollo de Programas y Proyectos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
