Más de una década después de la promulgación de la Ley 004 de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, el Presidente y Vicepresidente solicitaron a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que se levante el secreto bancario de sus cuentas en el sistema financiero nacional. Otros están imitando el ejemplo.
Fue el 2 de agosto que los mandatarios revelaron su situación financiera (en un caso que terminó costándole varios días de prisión preventiva al funcionario que equivocó el cálculo de la suma de los saldos bancarios del Presidente), sorprendiendo a propios y extraños por el gesto que, hay que insistir, estaba previsto en la Ley 004 promulgada el 31 de marzo de 2010.
Luego les siguieron el presidente de la Cámara de Senadores (cuya solicitud seguramente será descartada, ahora que renunció a su mandato, según lo establecido en la citada norma); la presidenta de Diputados; el director ejecutivo de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra; las y los ministros de Comunicación, de Hidrocarburos, de Gobierno, de Planificación, de Educación, de Medio Ambiente, de Culturas, de Economía y Finanzas, y de Trabajo; el gerente de Mi Teleférico; algunos diputados y otras autoridades de menor rango. En la oposición hubo un diputado que siguió el ejemplo, así como el Alcalde de la ciudad de La Paz.
Para la directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la política de preservar el secreto bancario, que ella califica de “neoliberal”, aunque reconoce que está vigente en todo el mundo, evita que la sociedad pueda enterarse de la acumulación privada de bienes materiales por parte de autoridades en ejercicio de la función pública.
Por ello es encomiable la decisión de las autoridades arriba nombradas, pues exponen parte de su intimidad y se someten al escrutinio de la gente que, en tiempos de redes sociales virtuales, es cada vez más crítica. Además, está el hecho de que es fácilmente previsible el efecto político que tiene en favor de quienes deciden publicitar el tamaño de su fortuna personal y en desmedro de los que prefieren evitar que el estado de sus cuentas sea de dominio público.
El renunciar al secreto bancario ciertamente no es la solución definitiva a los problemas de corrupción que afectan a una parte de la administración pública, pero al menos sirve para favorecer la imagen de una moral orientada a la transparencia entre quienes revelan sus cuentas. Y eso, a la larga, puede servir como ejemplo a seguir por parte de todos los servidores públicos.
Corresponde valorar el gesto de quienes han renunciado al secreto bancario, así como invitar a otras autoridades a hacer lo mismo, sin que ello signifique que los problemas de corrupción se resuelven solo con mostrar que no hay dinero mal habido en las cuentas personales; pues, como bien se sabe, los corruptos evitan todo mecanismo que deje rastro.
