Como estaba previsto, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, llegó para escuchar diversas voces y así tener un panorama sobre los derechos humanos en el país. El relator escuchó, pero también dijo. Y dijo algunas cosas que, con mesura y equilibrio, más allá de cuánto gusten, son relevantes para nuestro debate público.
La anunciada visita del relator de la CIDH a Bolivia fue esperada con expectativa, en especial de actores políticos de oposición que creen que la Comisión Interamericana puede frenar o “vetar” la repostulación del presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales. Se esperaba que Eguiguren dijera algo definitivo o al menos claro al respecto. Se esperaba también que el relator tomara nota de “la dictadura” (sic) que se vive en el país. Las apreciaciones del relator siguieron otro rumbo.
Para empezar, en medio de las reuniones que sostuvo con varios actores plurales y relevantes, Eguiguren reafirmó la vigencia de la libertad de expresión en Bolivia. Contra las voces que proclaman el fin de las libertades, ergo, de la democracia, el alto comisionado de la CIDH verificó la existencia de condiciones para “hablar, opinar, criticar con bastante libertad”. Descartaba así que haya “una situación grave de atentado contra la libertad de expresión”. Es una primera constatación importante.
En cuanto al tema que hoy concentra la disputa política en el país: la reelección, el visitante constató que ciertamente “hay un debate” entre quienes, con arreglo al referéndum del 21 de febrero de 2016, sostienen que Evo no puede ser candidato en 2019; y los que, en apego a la Sentencia Constitucional 0084/2017, aseguran que está plenamente habilitado. Cuidándose de no asumir posicionamiento alguno en el tema, Eguiguren exhortó más bien a “escuchar y evitar polarizaciones, desbordes o violencia”.
Pero el mensaje más significativo del relator, por sus implicaciones, tras una conferencia en Cochabamba, fue desvelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya analizó las solicitudes de pronunciamiento sobre el referéndum del 21F y la sentencia del Tribunal Constitucional, y resolvió no otorgar medidas cautelares. Esta decisión no fue difundida ni siquiera por los peticionarios, como los Demócratas, que la mantuvieron en secreto. Claro que Eguiguren señaló que no es un tema cerrado.
Si bien el alto comisionado de la CIDH no elaborará un informe sobre su visita a Bolivia, las percepciones y el balance que lleva para sus colegas de la CIDH son relevantes. Lo es también para la necesaria deliberación en el país, tan venida a menos en el espacio público-político, tan distorsionada por algunos operadores mediáticos y tan degradada en las redes sociales. Y es que en tiempos de polarización discursiva, con presagios de violencia, nada mejor que alentar el debate plural e informado.
