Hoy, al recordarse el sangriento golpe de Estado de Hugo Banzer en 1971, se recuerda también el primer año de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, institución creada para identificar los crímenes cometidos por las dictaduras militares entre 1964 y 1982, y a sus autores. Sin embargo, hasta ahora las FFAA han incumplido la promesa de colaborar en la tarea.
Según informó el secretario ejecutivo de la entidad, Luis Fernando Rodríguez, durante el primer año de trabajo recabaron 120.000 folios de distintas entidades, pero las FFAA hasta ahora no han facilitado ninguna información, pues “los mandos medios y los aparatos burocráticos” hacen “más difíciles las cosas” para acceder a la información de las instituciones castrenses.
Por lo que se sabe, la Comisión de la Verdad presentará al cabo de los dos años y seis meses que debe durar su trabajo un informe final con tres ejes: el primero abordará el contexto histórico del tiempo de las dictaduras; el segundo recapitulará el costo que tuvieron los gobiernos de facto para el desarrollo del país; y el tercero tratará sobre las violaciones de derechos humanos, los casos, las víctimas y los autores de esos hechos, para proponer medidas de resarcimiento, castigo a los culpables y políticas públicas para evitar que se repitan.
Los papeles recolectados hasta ahora pertenecen a los archivos de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores y de la Asamblea Legislativa. A ello se sumarán en breve miles de hojas de los expedientes del juicio de responsabilidades contra Luis García Meza.
Rodríguez explicó que precisamente por el volumen de la información ya recabada el trabajo se desarrolla sin necesidad de revisar todavía la información de las instituciones militares, pero la ya señalada falta de cooperación castrense “empieza a preocupar” a los miembros de la Comisión, según expresó, a tiempo de agregar que no se duda de la buena voluntad del Ministro de Defensa, pero es evidente que “hay un aparato que tiene una maraña que hace que las cosas no funcionen”.
Otra preocupación de la Comisión, además del escaso tiempo que le queda para terminar su titánica tarea, está en el exiguo presupuesto asignado para su funcionamiento. Es difícil por ahora saber cómo se resolverán estos dos asuntos, sobre todo considerando que ya se amplió por seis meses el plazo de entrega del señalado informe.
Toca hacer votos por que la voluntad política puesta en la creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad llegue hasta las altas esferas de las FFAA, que en su calidad de protagonistas de las dictaduras que afectaron al país durante la segunda mitad del siglo XX tienen mucha información imprescindible para, por fin, dar con la verdad de lo sucedido entonces.
