Todo empezó por la pesquisa impulsada por una valiente fiscal del Callao, Rocío Sánchez, para indagar sobre conexiones entre el crimen organizado en el principal puerto peruano y la colaboración delictiva de ciertos jueces, abogados y autoridades. Las grabaciones solicitadas por ella al juez confirmaron la certeza de esa línea de investigación, y abrieron una ruta arborescente de una amplia gama de delitos que involucra a magistrados (jueces y fiscales) y a los integrantes del máximo órgano para la designación y sanción de magistrados (el Consejo Nacional de la Magistratura-CNM).
Escándalos sobre corrupción en el sistema judicial vienen estallando en varios países de América Latina. Sin que sean los más graves, resuenan casos como el que la prensa llamó el “cártel de la toga” en Colombia (2017), o el reciente en Costa Rica que terminó con la separación de un magistrado de la Corte Suprema y la renuncia de su presidente.
Lo que se ha venido conociendo en el Perú en el último mes supera con creces todo lo anterior. Ha producido ya un tremendo cataclismo: remoción del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, prisión —previa remoción— del presidente de la Corte del Callao, destitución de todo el CNM (y la suspensión de sus funciones), y la renuncia del presidente del Poder Judicial. A la vez, ha asumido la Fiscalía de la Nación un personaje cuestionado por su interacción con esas redes de corrupción y por sus reiteradas mentiras públicas negando contactos, luego comprobados, con miembros de la red.
Estas evoluciones tienen un carácter claroscuro, ya que las revelaciones no cayeron del cielo ni parecen haber caído en saco roto. Las generaron una fiscal y un juez corajudos, y luego de ellas el sistema judicial reaccionó: se han abierto numerosos procesos, hay varios detenidos y han sido destituidos varios altos funcionarios, aunque queda pendiente el Fiscal de la Nación, quien se niega a renunciar, y que, paradójicamente, no puede ser removido, pues está suspendido el órgano que lo podría hacer (CNM).
El reto ha sido bien enfrentado por el gobierno de Martín Vizcarra. Lleva escasos cuatro meses de Presidente y ha reaccionado con iniciativa y propuestas de reforma constitucional y legal que podrían llevar a un referéndum en los próximos meses. Ello “oxigenaría” un sistema político colapsado en el que el Congreso de mayoría fujimorista (con ralo 8% de aprobación) parece buscar, por todos los medios, desviar las investigaciones o decisiones que afectarían a los funcionarios sindicados como parte de la red de corrupción.
A diferencia de la corrupción centralizada y vertical de los tiempos de Fujimori/Montesinos (hasta 2000), la actual está compuesta por varias esferas y redes de poder que van desde estructuras de clientelaje y tráfico de influencias recíprocas, corrupción en la emisión de decisiones jurisdiccionales, beneficios a personajes del sector privado, periodistas y a políticos.
Si bien el narcotráfico (Callao, principal ruta de exportación) pudo estar en el inicio de las indagaciones de la fiscal Sánchez, ha quedado temporalmente opacado como tema central ante la “caja de Pandora” que ha estallado. Es de esperar que eso no se olvide y que haya al respecto una estrategia de investigación y acción eficaz.
Hay que reiterarlo: la amenaza global presente a la independencia e integridad judicial en el mundo no está solo en las tentaciones del poder político a controlarlo todo y carecer de contrapesos. Está en el crimen organizado y la corrupción; paradoja, o no, quienes están mandados por los tratados internacionales y las leyes a combatirlo son los jueces y fiscales. Todo se juega, pues, en situaciones como ésta.
