Entre las causas de la inseguridad ciudadana más señaladas por la Policía está el preocupante hecho de que a menudo los delincuentes que son atrapados por la fuerza pública no llegan a las instancias pertinentes, ni en el Ministerio Público ni en la Justicia, por lo que más tardan en ser detenidos que en recuperar su libertad y volver a su actividad ilegal.
De nada sirve que se trate de personas con prontuario en la Policía si es que su arresto no viene acompañado de la denuncia correspondiente, pues la Fiscalía terminará por devolverles la libertad a falta de parte acusatoria, incluso si se trata de delitos de orden público o de reincidencia.
El Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz explica que hay dos motivos para la reincidencia. El primero es que el delito es la forma de vida de esas personas; y el segundo, que, como no han sido ni investigados formalmente ni mucho menos sentenciados, “no están sufriendo la pena privativa de libertad que permitiría que ellos por lo menos estén aislados.
A su vez, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz explica que la delincuencia habitual surge porque no hay un sistema que agrupe los antecedentes policiales y penales. Para el también abogado, “al ver que la persona es un peligro para la sociedad, con base en la Ley de Seguridad Ciudadana, el Ministerio Público debería determinar en ese momento, ya sea una imputación formal o pedir que se lo detenga preventivamente”.
No debe ser fácil, considerando que el ordenamiento jurídico boliviano es esencialmente garantista (y aun así las cárceles están llenas de detenidos preventivos), lo que da a las personas acusadas de haber cometido algún delito la posibilidad de evitarse el llegar a la instancia penal que les corresponde.
Según un recuento realizado por este diario, hay delincuentes con hasta 39 antecedentes policiales. Es el caso de un conocido de los policías que fue detenido hasta ahora 39 veces, la última por robo agravado a dos personas en el centro de La Paz. La Policía, además, los tiene identificados no solo por sus crímenes, sino también por sus especialidades: “lancero”, “descuidista”, “atracador”, “jalador” y muchas otras formas de nombrar las malas artes de los delincuentes.
Fue imposible para nuestro periodista obtener una posición de parte de las autoridades de la Fiscalía, pero no es difícil imaginar que en la institución llamada por la Constitución a “defender a la sociedad” hay quienes, lejos de hacer su trabajo, prefieren medrar ilícitamente de éste.
Urge, pues, una reingeniería de todo el sistema penal no solo a través de la actualización del Código Penal, tarea frustrada a principios de año, sino sobre todo a partir de la sustantiva mejora de la coordinación entre todas las instancias involucradas. No hacerlo significa seguir con el lamentable estado de cosas que hoy se lamenta de manera cotidiana.
