El viernes pasado, el Estado Plurinacional de Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la contramemoria en respuesta a la demanda interpuesta por Chile en junio de 2016 reclamando por el uso compartido de las aguas del manantial Silala. Además, el Agente boliviano entregó ese mismo día una contrademanda, reclamando soberanía sobre esas aguas.
El inicio del proceso por parte de Chile en junio de 2016 coincidió con una de las fases del litigio iniciado años antes por Bolivia en demanda para que Chile acepte dialogar con el fin de encontrar una salida soberana al mar para Bolivia. Después de comenzado el trámite, los plazos acordados entre ambos países y el tribunal internacional establecían que la contramemoria sea presentada en julio, pero el Estado boliviano solicitó una prórroga de dos meses, la cual feneció ayer.
A partir de ahora, corresponde a la CIJ definir nuevos plazos para el procedimiento que, está previsto, unificará ambos casos y dará paso a la fase oral, en la que ambos Estados deben exponer sus argumentos. Por una parte Chile, que demanda que el Silala sea reconocido como “río internacional” de cauce sucesivo y que tiene derecho al uso equitativo de ese recurso. Y por la otra Bolivia, que planteó en su contramemoria que el Silala es un conjunto de manantiales artificialmente encauzados a inicios del siglo XX para beneficio de una empresa ferroviaria chilena. En su contrademanda, el país agregó que espera que la Corte declare que “Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio”, según explicó el Canciller boliviano.
Para sustentar su posición, el Estado Plurinacional de Bolivia realizó diversas investigaciones geológicas, geofísicas, hidráulicas, hidrológicas, hidroquímicas y medioambientales en la región del sur de Potosí, donde se ubica la fuente de las aguas y está en condición de demostrar que éstas fluyen de manera artificial hacia el vecino país, donde, ahora se sabe, sirven para alimentar operaciones mineras y no para el consumo humano.
El trámite hacia adelante no será rápido. Está previsto que la fase oral, donde ambas partes deben tratar de persuadir al alto tribunal de que tienen la razón, será recién en 2019; luego de lo cual todavía pasarán muchos meses antes de que se conozca la sentencia. Por lo pronto, las autoridades del Estado boliviano se muestran más que confiadas en tener la razón, mientras que las del vecino país sostienen, como siempre lo han hecho, que todo acto boliviano está motivado por razones políticas y electorales.
Hay razones para creer que el fallo debe ser favorable a Bolivia, lo cual no necesariamente significa que Chile vaya a perder su acceso a esas aguas, sino que cambiarán las circunstancias en las que su población, o mejor dicho, sus empresas, se benefician de ellas.
