El 26 de agosto se celebró en Bolivia el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, conmemoración que, por el DS 0264 de 2009, ratifica, modificando la fecha, cuatro diferentes decretos que a partir de 1948 disponían la celebración del Día del Anciano. Por este dato, Bolivia fue uno de los primeros países en reconocer la importancia de este sector poblacional, el cual, sin embargo, ve empeorada cada vez más su condición de vulnerabilidad; prueba de ello son las diferentes formas de violencia que sufren cotidianamente, y a cuyo estado de indefensión hay que agregarle los clivajes propios de nuestra realidad que profundizan su condición de excluidos.
El problema es que la población en el mundo está envejeciendo y Bolivia no constituye una excepción. Es más, según cifras de los organismos internacionales, la población de América Latina está envejeciendo a un ritmo más acelerado, tanto que en el lapso de 35 años la población adulta mayor se verá más que duplicada, al pasar del 11% al 25%. Aunque, según cifras de 2015, con un 9,2% de adultos mayores, Bolivia se encontraría entre los países de rango medio, frente a casos extremos como Uruguay, cuya población mayor de 60 años es una de las más altas: 19,1%; y Guatemala, cuya población mayor es una de las más bajas: 7%.
El hecho llama así a la preocupación, pero no es algo reciente, puesto que a finales de los 70 los organismos internacionales debatían ya en torno al tema. Particularmente esa preocupación se formalizó en el marco de los debates de las Naciones Unidas, a través de la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de 1982, y la Segunda Asamblea Mundial de 2002. En estas asambleas, además de comprometer a los gobiernos a emprender acciones adecuadas al envejecimiento de la población, se cuestionó aquel viejo paradigma que concebía al envejecimiento como el punto culminante del desarrollo del ser humano, para proponer una concepción cíclica de la vida por la cual todos transcurrimos. Además, la edad fue considerada como un factor de discriminación, por lo que los gobiernos fueron exhortados a formular políticas en beneficio de las personas mayores que garanticen sus derechos sociales en temas como salud, nutrición, protección, vivienda, seguridad económica, medio ambiente, empleo, educación, familia y bienestar social.
Sin embargo, pocos países respondieron a ese llamado, por lo que, debido a su influencia regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organizó en 2003, 2007 y 2012 la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento, en las cuales los gobiernos latinoamericanos se comprometieron a promover y proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de legislaciones especiales. Los artículos 67 y 68 de nuestra Constitución, y particularmente la Ley General 369, de las Personas Adultas Mayores, de 2013, expresan ese espíritu. Empero, dicha ley es de corto alcance, puesto que no garantiza elementales derechos sociales como el acceso a salud y el empleo; y aunque sí reconoce el derecho a educación, no obliga a modificar los enfoques educativos para que las generaciones más jóvenes concienticen la idea del ciclo de vida y modifiquen actitudes hacia las personas adultas mayores para que éstas sean tratadas con dignidad y dejen de ser vistas como ancianos o como simples narradores de cuentos.
Por ello, ser adulto mayor en Bolivia significa encontrarse en un estado de desprotección, pues la Ley 329 hace depender su bienestar de la Renta Dignidad. Por eso, las protestas y demandas del sector son a todas luces razonables, más allá de que ellos mismos reproduzcan viejas ideas a través de la exigencia, por ejemplo, de un funeral digno.
