A pesar de que en las últimas semanas se han registrado al menos 19 incendios forestales de diversa magnitud en el país como consecuencia de los chaqueos, y que este año se perfila particularmente vulnerable tomando en cuenta la ola de calor sin precedentes que atravesó el hemisferio norte meses atrás, con incendios incontrolables que provocaron cientos de muertos, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) rechazó el pedido de la Gobernación cruceña de suspender las autorizaciones para las quemas.
El argumento para tal determinación es que únicamente el 32% de los incendios forestales son provocados por chaqueos legalmente autorizados. De allí que, a su entender, la suspensión de estos permisos solo beneficiaría a las quemas ilegales y no se lograría contener efectivamente el descontrol del fuego.
Tal parece que esta insólita justificación olvida que los chaqueos en general y los incendios forestales en particular constituyen una seria amenaza contra la población, ya que además de destruir el capital natural del país y los servicios ecológicos que prestan los bosques, fundamentales para la vida en las ciudades y en el campo, contaminan fuertemente el aire de las ciudades, afectando la salud de las personas, particularmente de los sectores más vulnerables. Por estos y otros motivos, uno esperaría que las autoridades velen por el bien común, impulsando acciones para controlar los incendios forestales antes de que éstos se desaten y se tornen incontrolables. No obstante, tal parece que ocurre todo lo contrario.
