El reciente escándalo desatado por la difusión de un audio en el que una jueza confiesa, durante una reunión de amigos, haber sentenciado a un hombre inocente a 20 años de prisión por presión de la Fiscalía ha puesto en duda la efectividad del sistema judicial y la idoneidad de sus administradores. En respuesta, el presidente del Tribunal Supremo anunció que se revisarán los casos con irregularidades.
Según explicó la máxima autoridad del tercer poder del Estado a nuestro corresponsal en Sucre, un error judicial se da cuando “se involucra a personas que no han participado en hechos delictivos” o cuando se dispone la privación de libertad de una persona inocente. En su opinión, “es un hecho vergonzoso para el sistema judicial boliviano”. Añadió que actualmente se está haciendo “el relevamiento correspondiente de las causas penales y de cualquier causa tramitada”, refiriéndose a los procesos penales en los que se conozca que hubo anomalías.
Según el jurista, debe existir una coordinación y actuación conjunta entre jueces, fiscales y policías, de tal manera “que la investigación sea efectivamente una investigación y no se la dé por concluida con la presentación del supuesto autor, sino, en el mismo proceso penal, tener la plena seguridad de la condena que se imponga”, explicó. Asimismo, reconoció que muchos de los errores judiciales son producto de la retardación de justicia.
Complementando al presidente del TSJ, el presidente del Consejo de la Magistratura reconoció que entre los males de la Justicia están la falta de acceso a un debido proceso y la corrupción. Añadió además que la retardación de justicia es considerada como falta grave y gravísima que cometen los operadores, quienes por este motivo pueden ser remitidos al Ministerio Público para que se les inicie una acción penal. Cabe preguntarse cuántos jueces terminarían siendo procesados si esta disposición se cumpliese.
Finalmente, el Ministro de Justicia opina que debería haber una norma que sancione a las autoridades judiciales que encarcelan a personas inocentes. Sorprende que no exista una ley en este sentido, sobre todo considerando que se trata de la vulneración al derecho humano de acceso a la Justicia y a otros relacionados con éste. También opina el ministro que es preferible absolver a un culpable antes que condenar a un inocente, principio que al parecer no se cumple en el país, al menos no en la parte de evitar la condena de inocentes.
La reflexión conduce, una vez más, al mismo punto en el que estamos hace años: urge recomponer todo el aparato de justicia boliviano, no solo echando culpas sobre las y los jueces, sino reformulando la actuación de todas las partes involucradas en cualquier proceso judicial. Anunciar nuevas normas con draconianos castigos ya ha demostrado no ser el camino óptimo; tal vez crear esas normas y cumplirlas a cabalidad ayude en algo. Mientras tanto, seguiremos lamentando los cotidianos casos de injusticia en el país.
