Es un fenómeno de larga data en el país: ante la imposibilidad de la Policía Nacional de garantizar la seguridad de todas las personas y todas las empresas en el ámbito privado, la seguridad se ha ido privatizando poco a poco, al extremo de que hoy en todo el territorio nacional hay 177 empresas de seguridad privada que son legales y se estima que son al menos 200 más las ilegales.
Es por eso que días atrás la Policía Nacional, a través de su Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), anunció que todas las empresas dedicadas a este negocio tienen hasta el 21 de enero de 2019 para realizar todos los trámites necesarios para regularizar su situación legal.
Hay dos razones principales para esta decisión: la primera es el evidente incremento en el número de empresas dedicadas a este negocio, si en 2017 existían registros de 97, en 2018 ya suman 177. La segunda, aún más preocupante, es que las empresas ilegales tienden a contratar personal que no siempre es el más apto; por ejemplo, solo en El Alto se identificó que hay 600 guardias de seguridad que no tienen registro, y que muchos de ellos tienen antecedentes penales.
De más está decir que esto representa un peligro enorme no solo para quienes contratan estos servicios, sino también para el vecindario, pues no es imposible que algunos guardias, lejos de cumplir una labor de seguridad, se dediquen a monitorear la actividad de otras personas o empresas con diferentes fines ilícitos.
Según el Denacev, en Bolivia hay tres rubros para las empresas de seguridad: protección física o electrónica de personas e instalaciones privadas; custodia y vigilancia de bienes inmuebles, locales de recreación, comercio y otros; y transporte y custodia de valores, caudales y monedas. La mayor parte de las empresas está en el segundo grupo, 117 en total; las que se dedican solo a las actividades del primer grupo son ocho y las dedicadas al tercero únicamente son siete.
Con todo, queda la duda de por qué si hay un mercado tan atractivo para el servicio de vigilancia y seguridad, el Batallón de Seguridad Física Privada, dependiente de la Policía, no ha sido capaz de aprovecharlo hasta convertirse en un referente. Como hipótesis de explicación pueden sugerirse falta de habilidad gerencial o, también, falta de transparencia en algunos jefes policiales, que no supieron aprovechar la bonanza en favor de su institución en lugar de medrar de manera personal.
La importancia del tema no es menor: los miles de guardias privados de seguridad que operan en todo el país no siempre son un factor de confianza, ora porque conservan prácticas y comportamientos propios del mundo del hampa, ora porque son prepotentes y autoritarios. Urge que la Policía haga todo lo que esté a su alcance no solo para tener un registro actualizado y confiable, sino sobre todo para que asegurarse de que el servicio se presta en condiciones óptimas y sin vulnerar derechos de las personas.
