La reforma del sistema de salud es una tarea urgente que se debe asumir con prontitud. El actual sistema, estructurado bajo principios feudales, ha producido una serie de compartimientos anquilosados, incomunicados; y pese a que nominalmente existe un ente rector (el Ministerio de Salud), dicha dirección tiene pocos instrumentos para ejercer la gerencia pública.
Los niveles primario (la posta sanitaria) y secundario (el hospital básico de cuatro especialidades) están bajo responsabilidad de los gobiernos municipales. Los centros de salud de tercer nivel (los hospitales que cuentan con todas las especialidades y centros especializados) están bajo la autoridad de los gobiernos departamentales; y el Gobierno nacional está a cargo de los centros de investigación de cuarto nivel.
Esta modalidad desarticulada ideada por el neoliberalismo en los años 90 forma parte de un plan de descentralización, en el que las competencias en salud y educación dejan de ser primordiales para el nivel central para ser delegadas o transferidas a los gobiernos subnacionales. De alguna extraña manera en la Asamblea Constituyente este entuerto de tres cabezas quedó en el texto constitucional, del que luego emanaría la Ley de Descentralización y Autonomías el 2010, norma que consolidó el fraccionamiento del sistema de salud en Bolivia.
Los resultados están a la vista: la salud se maneja de acuerdo con el gobernador o alcalde de turno; el poder de los gremios profesionales o laborales han terminado debilitando la gestión estratégica desde el Estado, generando acciones descoordinadas, diferencias en los sistemas de remisión; y han consolidado un sistema ineficiente, perversamente burocrático, dividido como un rompecabezas y un terreno “prebendal” para la acción electoral a corto plazo de caudillos regionales, que ora hacen campaña con dentaduras postizas, ora distribuyen prótesis frente a las cámaras como si fueran papas fritas.
Las cifras demuestran que en una década se han duplicado los ítems de salud con recursos del tesoro general de la nación, se han construido más hospitales y centros de salud que en los últimos 50 años, y a pesar de ello el sistema de salud no ha tenido la mejoría que debería tener en relación a la inversión realizada. El problema no son los recursos, el problema es la gestión. Lo paradójico es que quienes critican sin conocer la realidad de salud cuestionan al Gobierno central, pese a que la gestión de los centros de salud no es su responsabilidad. Las gobernaciones y municipalidades son las que administran los centros hospitalarios; y éstas pese a los recursos a su disposición no han cumplido con las expectativas que la población tiene respecto a tan importante área social.
La oposición con críticas irracionales cuestiona que se construyan campos deportivos, infraestructura o inversiones para el desarrollo nacional, y propone que se invierta en salud, cuando las cifras demuestran que jamás en la historia del país se destinaron tantos recursos para la salud como en los últimos años; recursos que lamentablemente en muchos casos no han sido bien administrados desde los gobiernos subnacionales, muchos de los cuales son administrados justamente por la oposición.
Se hace necesaria una reestructuración de la organización del sistema de salud pública que centralice la gestión y permita superar la Torre de Babel en la que ahora agoniza la salud en Bolivia. La mayoría de los sistemas de salud exitosos en el mundo tienen una organización central vigorosa, y un solo responsable. Superar esta herencia neoliberal se convierte en una prioridad de la agenda pública.
* Abogado.
