Más de 890.000 familias en Bolivia viven en condiciones de hacinamiento. Además, dos tercios de éstas usan un solo ambiente como dormitorio y cocina. Vivir en hacinamiento significa que todos los miembros de la familia comparten un mismo ambiente. Las causas pueden ser variadas, mas la pobreza es un elemento común en la mayoría de estos hogares.
En la Constitución Política se establece el derecho a un hábitat y a una vivienda adecuada, además de digna; y el Estado se obliga a promover en todos sus niveles gubernativos planes de vivienda de interés social. En esta tarea, en los últimos 11 años la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) ha construido y entregado o ayudado a ampliar y renovar 128.027 soluciones habitacionales. De ellas, más de la mitad fueron para familias hacinadas.
Según el Director de AEVivienda, entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, hay 11 razones que explican el retraso o la incapacidad de cumplir con las metas trazadas, entre éstas campañas de desprestigio contra el programa, dificultades de los beneficiarios para acceder a su derecho propietario, solicitud del beneficio en zonas muy dispersas, posiciones de índole política y la existencia de intermediarios ilegales que realizan cobros irregulares para favorecer a unos sobre otros.
Otro factor de primera importancia, según la explicación de la autoridad, es la falta de concurrencia entre gobiernos subnacionales y el nivel nacional, pese a que la CPE establece que deben coordinar tareas como la regularización del derecho propietario; problema que es más frecuente en ciudades intermedias.
En un país donde 11,1 millones de personas viven en 3 millones de unidades habitacionales, y en el que solo el 60% de éstas pertenece a la familia que allí habita, se entiende el tamaño de la brecha entre quienes tienen una vivienda propia y quienes deben alquilar, tomar un anticrético o viven en algún lugar prestado. Si se observa lo extendida que está entre estas viviendas la precariedad (con techos defectuosos, paredes sin revocar o suelos que no están revestidos), se comprende la urgencia de hacer más y mejores esfuerzos en esta materia.
Sin embargo, también es necesario recordar que más de un proyecto habitacional ha fallado debido a la corrupción de los ejecutores, lo cual obliga más que nunca a las instancias comprometidas en la tarea a ser transparentes y confiables; pues no solo está en juego la esperanza de muchas familias, sino también la buena fe del Estado, como nunca antes sujeto de minucioso escrutinio público debido a la cercanía de las elecciones.
En este ámbito todo esfuerzo parece pequeño; empero, la acumulación de obras a lo largo del tiempo logra demostrar si hay o no entre las autoridades la voluntad necesaria para cambiar, para bien, la vida de las familias, y ojalá no solo en vísperas de elecciones.
