El jueves, cientos de personas agasajaron a sus “ñatitas” (cráneos humanos) con alcohol, tabaco y costosos ornamentos, en agradecimiento por los favores concedidos a lo largo del año. Todo ello seguido, como es de suponer, de un fiestón organizado por pasantes que cada año se hace más grande y atrae a más adeptos.
Esta “siniestra” celebración, que se conmemora cada 8 de noviembre, pone en relieve que la relación que se tiene por estos lados con la muerte, lejos de ser traumática, puede ser festiva e irreverente. Incluso los protagonistas de esta tradición buscan alejar el hálito de horror que siempre acompaña a una calavera a través de la bendición de un sacerdote o una misa. Solicitud que si bien en el pasado fue acogida por algunos curas, hoy está proscrita por la Iglesia Católica, en tanto la consideran un acto de idolatría, ya que se vale de intermediarios de ultratumba para entablar una relación con el mundo espiritual.
Ahora bien, más allá del sentido cultural y las connotaciones espirituales de este festejo, existen aspectos legales que no se discuten y que debieran llamar la atención de las autoridades. Y es que según establece la ley, los restos de los familiares muertos deben ser enterrados o incinerados, sin excepción. Ello con el propósito de preservar la salud de la población y evitar que los homicidios queden en la impunidad. De allí que la única manera de conseguir calacas humanas sea vulnerando la ley, a través del tráfico de restos humanos y/o la profanación de tumbas.
