La ampliación, aprobada días atrás, del capital máximo para poder acogerse al régimen tributario simplificado (RTS) de Bs 37.000 a Bs 60.000, así como de las ventas anuales máximas de Bs 136.000 a Bs 184.000, ha puesto nuevamente en la palestra la pertinencia de esta política tributaria, tradicionalmente criticada por facilitar la evasión fiscal de grandes contribuyentes y supuestamente impulsar la informalidad.
Al respecto, huelga recordar que este régimen fue creado en 1987 para facilitar el pago de impuestos a comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos; pero con carácter transitorio, por cuanto proyectaba la incorporación gradual de los contribuyentes minoristas al Régimen General a medida que sus niveles de capital e ingresos se incrementen.
Sin embargo, con la emisión de diferentes disposiciones normativas este objetivo se fue flexibilizando. Flexibilización que a su vez permitió que contribuyentes que deberían estar sujetos al régimen tributario general se acojan al RTS, con el fin de poder pagar menos impuestos. Estrategia que no ha logrado ser contendida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), pues para formar parte de esta categoría solamente hace falta presentar una declaración jurada que certifique el nivel de capital.
Por otra parte, algunos analistas aseguran que esta discriminación tributaria contribuiría a impulsar la informalidad de la economía boliviana. Una de las más altas del mundo, dicho sea de paso, según el estudio Economías sombrías en todo el mundo: ¿qué aprendimos en los últimos 20 años?, publicado recientemente por el FMI. Fenómeno que, no sobra recordar, impide la generación de riqueza y de trabajos decentes en el país.
Sin embargo, desde el Ejecutivo han defendido la vigencia y ampliación de esta política tributaria argumentando precisamente que permite formalizar pequeños negocios que de otra manera permanecerían en la informalidad; ampliando de paso la base tributaria en favor de los ingresos estatales.
Además, han adelantado la suscripción de acuerdos con los gremiales para que ellos mismos identifiquen a los grandes comerciantes que se camuflan dentro de este régimen, contribuyendo de esta manera a evitar la evasión de impuestos.
Es de esperar que esta estrategia dé resultados. Adicionalmente, se deberían desarrollar herramientas y pedir otros requisitos que les permitan mejorar el control de los contribuyentes sujetos al régimen simplificado; o en su defecto, barajar la posibilidad de eliminar el régimen tributario simplificado para evitar la evasión de impuestos.
Esto a corto plazo, pues a largo plazo el SIN debería trabajar para impulsar un sistema impositivo concebido pensando sobre todo en “los clientes”, de tal manera que a la población le resulte más fácil y más barato cumplirlo que evadirlo; y no como ocurre actualmente, que se rige bajo una visión netamente coercitiva, con severas multas y sanciones para los infractores en lugar de incentivos.
