En la madrugada del jueves culminaron en Santa Cruz difíciles negociaciones entre las autoridades municipales chiquitanas y los ministerios de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras. Se acordó un “cuarto intermedio” para que los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) establezcan dónde está realmente ubicada la dotación de tierras fiscales en favor de colonos interculturales denunciada como ilegal por los pobladores y las alcaldías de San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y Roboré. Fue precisamente en este último municipio en donde el conflicto asumió contornos de mayor gravedad: bloqueo de la ruta caminera internacional, intervención violenta de la las fuerzas del orden, incendio de un recinto y de un vehículo policiales, así como la captura de un grupo de bloqueadores.
Vistas así las cosas, pareciera un conflicto más de los muchos que a diario se producen en el país. Pobladores de una región reaccionan dolidos y airados ante la destrucción de varias hectáreas de bosque, se lanzan unidos y muy combativos a defender la naturaleza circundante, bosques, fuentes de agua y bellísimos paisajes naturales. Luego de visitar el lugar, Emil Balcazar, viejo compañero y amigo oriundo de Roboré, escribe: “Lo que ha pasado es algo horrible. Más de 30 hombres armados con un tractor oruga y cadenas, con documentos que ‘legalizan’ su hazaña han irrumpido en ese bosque tropical, y las aves que dormían en los árboles centenarios han salido en estampida porque esos hombres entraron para arrasar, arrancando de raíz todo lo que encontraban a su paso, para abrir una herida de 55 hectáreas, que ahora, desde el cielo, parecen una gangrena arraigada en el pulmón de la región, y desde el piso, si uno se para en ese desierto que han creado, siente un calor infernal que contrasta con las plácidas sombras que alberga el vientre fresco del bosque”.
Cuánto no quisiéramos que lo de Roboré fuera nada más que un tema del paisaje. Lamentablemente es muchísimo más grave que eso. Comienza por el pisoteo de conceptos principistas esenciales como la defensa de la Madre Tierra y normas éticas que se busca enraizar como el ama sua, ama llulla, ama khella. Y también hay diversos elementos para pensar que lo ocurrido en Roboré es apenas la puntita de una enorme madeja que es necesario desenvolver.
Circulan denuncias sobre tráfico corrupto de tierras, sobre un funcionamiento poco transparente del INRA, sobre saneamientos irregulares por encima de las leyes y la propia Constitución, sobre la no recuperación de tierras fiscales y sobre dotaciones ilegales en parques y áreas protegidas. El negocio de tierras, de dimensiones colosales, involucra a funcionarios públicos de diferentes niveles; a grupos empresariales diversos, muchos de ellos extranjeros; a ciertos dirigentes agrarios encaramados en respetables organizaciones sociales; a expertos en falsificación de documentos y a personajes de diferente color político, tanto oficialistas como opositores.
Si quiere conservar la escasa credibilidad que le queda, más le valdría al Gobierno destapar la olla y adoptar las medidas correctivas imprescindibles en combinación con acciones fiscalizadoras de la Asamblea Legislativa. El Órgano Judicial también debería actuar de oficio; pero dadas las actuales circunstancias, lo probable es que no mueva un dedo.
Habría que investigar a fondo y de inmediato antes de que predomine el enrarecido clima político electoral, cuando lo cierto se hace dudoso en la vorágine de denuncias y acusaciones interesadas. Si ningún órgano del Estado lo hace, ¿algún medio de difusión será capaz de hacerlo periodísticamente, con la responsabilidad y seriedad que el tema requiere? ¿Quién le pone el cascabel al gato?
